George Rodriguez EP. Decenas de organizaciones americanas de derechos humanos condenaron este viernes la decisión del gobierno de Nicaragua de dar por terminada la labor de un equipo de trabajo de Naciones Unidas, y denunciaron que la medida demuestra falta de voluntad para dar solución a la violenta crisis sociopolítica que afecta ese país.
Las casi 50 organizaciones de nueve países –más de la mitad, nicaragüenses- aseguraron que se trata de una conducta inadmisible nivel internacional.
“La actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis”, aseguraron, en un comunicado de siete párrafos difundido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Centre for Justice and International Law, Cejil), organización con sede en Washington.
Ello, en un contexto de represión y de criminalización de opositores, agregaron las organizaciones firmantes del pronunciamiento, incluidas agrupaciones de carácter lo mismo regional que internacional.
“En tanto, la represión y violencia no se detienen y se recrudece la criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos como forma de amedrentamiento de quienes se oponen a las posiciones institucionales”, denunciaron.
También plantearon que tal situación amerita que la comunidad internacional mantenga constante monitoreo de la situación.
“En este contexto, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a observar, condenar y dar seguimiento cercano a esta grave situación, que daña de manera irremediable los pilares democráticos del país y coloca a las personas en Nicaragua en una situación de aun mayor vulnerabilidad”, expresaron.
Las agrupaciones plantearon, en ese sentido, la necesidad de que, en la sesión programada para el 5 de setiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aborde el tema de Nicaragua, y subrayaron que, además, los países americanos, en particular, deben esforzarse por que se logre solución a la crisis.
“A los Estados de las Américas les urgimos a que den respuesta acorde con la gravedad de una decisión que evidencia un rompimiento con los más esenciales valores democráticos”, plantearon.
El comunicado fue difundido horas después de que el gobierno nicaragüense dio a conocer la breve nota en la cual comunicó, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la finalización de la presencia, en el país, de un equipo de trabajo de esa agencia especializada.
La nota, firmada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, fue dirigida a la representante regional para América Central de la Oacnudh, Marlene Alejos.
El gobierno terminó la invitación gubernamental, formulada 19 de junio, a la Oacnudh, a enviar un grupo de trabajo, y también declaró concluida la visita del equipo, de acuerdo con el texto fechado el 30 de agosto.
“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, según lo indicado en la nota de tres párrafos.
El canciller aludió así al hecho de que la invitación a la Oacnudh tenía el propósito de que la agencia especializada acompañase el desmantelamiento gubernamental de los “tranques” (bloqueos carreteros) instalados, a nivel nacional, como parte de la masiva protesta popular antigubernamental en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de cuatro meses convulsiona a Nicaragua.
En junio, el gobierno “giró al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques”, explicó.
La comisión fue establecida el 15 de junio, durante una de las escasas sesiones plenarias del Diálogo Nacional convocado por el gobierno, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, para procurar solución negociada a la dramática crisis nacional.
Instalado el 16 de mayo, el diálogo sufrió una serie de suspensiones, a causa de las posiciones intransigentes de los dos actores centrales –el gobierno, representado por la delegación encabezada por Moncada, y la oposición, representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
Las conversaciones permanecen suspendidas desde el final de junio.
La nota fue fechada un día después de que, en conferencia de prensa realizada en Managua, la capital nacional, el coordinador de Oficina Regional para América Central de la Oacnudh, Guillermo Fernández, presentó el informe titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, documento que cubre el período desde el 18 de abril –fecha de inicio de la presente crisis- hasta el 18 de agosto.
Entre las recomendaciones que incluyó en el informe de 47 páginas, la Oacnudh planteó, al gobierno nicaragüense, cesar toda represalia antiopositora.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la presente crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En algo más de cuatro meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado cerca de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daño a la economía nacional.
