George Rodríguez EP. Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron este miércoles la desarticulación de las fuerzas parapoliciales que están operando en el marco de la violenta crisis sociopolítica que convulsiona hace más de tres meses a Nicaragua.
Simultáneamente, y en ese sentido, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó, en conferencia de prensa, el cese de la criminalización de la protesta así como del trabajo de los defensores de derechos humanos.
Entre las exigencias, incluyó la puesta en libertad de los presos políticos.
“Demandamos la liberación de presos políticos y lista detallada de desaparecidos, cese inmediato de la criminalización de protestas, defensores de derechos humanos y desarmar a los grupos parapoliciales”, planteó la alianza, en un comunicado difundo durante la conferencia de prensa realizada en Managua, la capital nicaragüense.
En el caso del desmantelamiento de los grupos armados ilegales, señaló que debe llevarse a cabo bajo supervisión de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La alianza planteó, asimismo, la necesidad de reactivar el suspendido Diálogo Nacional que, promovido por el gobierno, y con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, apunta a dar solución negociada a la dramática situación nacional.
Las conversaciones tienen como protagonistas centrales al gobierno –representado por una delegación encabezada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada- y a la oposición –representada por una delegación de la alianza-.
“Hacemos un llamado urgente para una salida pacífica, reinstalar el diálogo con la Conferencia Episcopal como mediadores y testigos, demandamos que se den pasos coordinados para restablecer la seguridad ciudadana, para tener un trabajo, paz”, señaló.
Asimismo, la alianza convocó a lo que definió como una marcha nacional programada ´para llevarse a cabio el 15 de agosto en Managua.
Coincidentemente, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh), y la nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) rechazaron los abusos cometidos por los grupos armados ilegales, cuya desarticulación también plantearon.
Al subrayar su “seria preocupación” por la violencia que golpea al país, las tres organizaciones formularon “llamados directos de desarticulación de grupos que no están identificados como parte del estado, grupos armados al cual se le atribuye actos de violencia”.
El Diálogo Nacional constituye la única salida al actual contexto de represión, la que debe cesar para facilitar el reinicio de las conversaciones gobierno-oposición, señalaron en una declaración, luego del encuentro que llevaron a cabo en Managua.
“No hay ninguna otra alternativa más que el diálogo y hay que crear las condiciones para que se haga”, pero su reactivación requiere, en lo inmediato, “suspender cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer, en general, contra la población”, precisaron.
La violenta crisis sociopolítica estalló el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que incluía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la masiva protesta pasó a centrarse en la exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, algo que la pareja gobernante se niega a aceptar.
