Me viene ahora a la memoria reciente un caso realmente bochornoso. Antes de marcharse, aunque parece que nunca se ha ido, el ex presidente Oscar Arias dejó firmados varios decretos. Sólo nos enteramos cuando él ya no estaba en la presidencia.
Uno de los decretos más escandalosos varió arbitrariamente el canon que deben pagar los beneficiarios de las concesiones en la zona marítimo-terrestre bajo jurisdicción de las municipalidades de Carrillo y Liberia en Guanacaste.
El decreto de Arias fijó en un dólar por metro cuadrado el impuesto que deben pagar los dueños de concesiones en el proyecto turístico Papagayo. Es decir, nada prácticamente.
Al bajar drásticamente el canon las municipalidades de esos cantones guanacastecos están dejando de recibir más de 600 millones de colones al año, con grave daño a los ingresos de gobiernos locales donde habita mucha gente de bajos recursos y donde las infraestructuras públicas son absolutamente insuficientes.
El diputado José María Villalta, denunció el caso hace ya más de un año. Pero no se limitó a la denuncia. También presentó un proyecto de ley para acabar con esa granjeria que favorece a un puñado de inversionistas en perjuicio de las mayorías.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, pero no fue convocado a sesiones extraordinarias por el gobierno continuista y cómplice de Chinchilla.
El proyecto tiene el apoyo de amplios sectores, incluso de esas municipalidades controladas por Liberación Nacional, tal es el escándalo y el malestar que el decreto ha causado. Una auténtica vergüenza que demuestra con quién están los que gobiernan.
Quieren que el pueblo pague más impuestos, mientras los bajan radicalmente a quienes sí pueden y deben pagarlos. Esa es la ley del embudo que gobierna hoy en Costa Rica.
