George Rodríguez EP. La ex presidenta argentina Cristina Fernández calificó este lunes de inconcebible que el juez federal Claudio Bonadío persista en acusarla por el delito de asociación ilícita, y aseguró que ello es ´parte de lo que describió como la persecución judicial de que es objeto desde la asunción, en 2015, del actual presidente de Argentina, Mauricio Macri.
“Resulta inconcebible que Bonadío, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos” iniciados en 2015, indicó Fernández, en el escrito que, según informó su vocero, Hernán Reibel, presentó a Bonadío, sin responder a preguntas del juez ni de los fiscales que participan en el caso.
La llegada de Macri a la presidencia de ese país sudamericano marcó el inicio de las acusaciones, aseguró.
“A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, precisó la ex mandataria (2007-2011, 2011-2015).
Fernández negó, asimismo, que la decisión de presentar el escrito haya constituido una estrategia para no declarar, y señaló que reiteradamente, durante más de dos años, ha solicitado que se investigue la inversión que, en obra pública –el centro del caso-, ejecutó su gobierno, así como el de su esposo y antecesor inmediato (2003-2007), Néstor Kirchner, fallecido en 2010, durante el período popularmente conocido como de “kirchnerismo”.
“Es más, si existe un propósito auténtico por saber lo que ha ocurrido con la obra pública en nuestro país, incluso la investigación debe alcanzar hasta el presente”, indicó en el texto, y aseguró que “lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial”.
En una declaración en la red social Twitter, luego de llegar por la mañana, poco antes de la hora prevista, a la sede de los Tribunales Federales, en la calle Comodoro PY, en Buenos Aires, la capital argentina, la ex presidenta señaló que se trata de la sexta causa penal que la involucra, todas por el delito de asociación ilícita.
“Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos”, denunció.
En este caso, se trata de presuntos sobornos a altos funcionarios kirchneristas a cambio de concesión de contratos de obra pública, de acuerdo con la acusación.
“Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa”, tuiteó la ex mandataria.
En el escrito presentado este lunes, Fernández refutó los señalamientos judiciales, y planteó la nulidad de la causa.
“Pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa”, señaló.
El caso se refiere a la investigación periodística llevada a cabo por el influyente diario argentino La Nación respecto a la existencia de una presunta red de sobornos que habría operado durante el “kirchnerismo”.
La investigación del periódico matutino de circulación nacional se enfocó en el supuesto pago de millones de dólares, en efectivo, por parte de empresarios, a jerarcas de ambas administraciones, a cambio de contratos de obra pública.
El proceso judicial es conducido por Bonadío, quien, según versiones periodísticas locales, ha planteado a allegados que su objetivo consiste en encarcelar a Fernández, mientras la ex presidenta ha señalado que se trata de persecución política.
El caso, conocido como de “los cuadernos de la corrupción”, se apoya sobre las anotaciones que un chofer gubernamental realizó en ocho cuadernos, durante el período 2005-2015, detallando los desplazamientos que realizó con ex jefes suyos para trasladar sacos llenos de dinero movilizado así para los denunciados pagos de “coimas” (sobornos).
Luego de su detención, el chofer, Oscar Centeno, expresó arrepentimiento por haber participado en esas acciones, por lo que se convirtió, de acusado, en colaborador de la justicia.
En el marco de la investigación judicial, además de Centeno, se ha detenido a una veintena de personas, tanto ex jerarcas gubernamentales kirchneristas como empresario y familiares de Macri.
Sin embargo, Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete en el gobierno de la ex mandataria, denunció recientemente que los detenidos quienes son allegados al actual gobierno fueron puestos en libertad, no así los ex funcionarios kirchneristas.
El ex jefe de Gabinete aludió específicamente, a manera de ejemplo, al empresario Mario Calcaterra, primo de Macri, uno de los involucrados en el caso, quien afirmó que funcionarios de los dos gobiernos anteriores le solicitaron dinero.
“Alguien me puede explicar cómo es que el primo Calcaterra siendo miembro de la asociación ilícita está libre y todos los demás (siguen) presos?”, preguntó.
