Nicaragua ha consolidado, durante los últimos años, un negocio millonario alrededor de la exportación de aletas de tiburón hacia mercados asiáticos, particularmente Hong Kong, bajo una narrativa oficial que lo presenta como resultado de “pesca incidental”.
Sin embargo, datos oficiales, registros de exportación y criterios científicos apuntan en dirección contraria: se trata de una actividad sostenida, estructurada y con indicios de pesca dirigida, que además cuenta con el aval de instituciones del propio Estado.
Entre 2018 y 2024, el país exportó decenas de toneladas de aletas de tiburón, generando ingresos de millones de dólares.
Este flujo comercial se mantiene activo a pesar de que la legislación nicaragüense prohíbe expresamente el comercio de aletas de tiburón, lo que abre cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para permitir su salida legal del país.
Desde el discurso oficial, las autoridades han insistido en que no existe una pesquería dirigida. “En Nicaragua no existe pesca dirigida hacia los tiburones, siendo capturados de manera incidental por la flota artesanal”, sostienen en documentos oficiales.
No obstante, los propios registros estatales contradicen esa afirmación.
Datos del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca) evidencian que entre 2013 y 2023 se desembarcaron más de 2.8 millones de kilogramos de tiburón, con una tendencia sostenida al alza en los últimos años.
La magnitud de estas cifras resulta difícil de conciliar con la tesis de capturas accidentales.
A esto se suma el tipo de artes de pesca empleadas. Especialistas advierten que el uso de palangres de gran escala —líneas que pueden extenderse por decenas de kilómetros y portar miles de anzuelos— no corresponde a prácticas propias de una captura incidental.
“Jamás se puede considerar pesca incidental. A todas luces es una pesquería dirigida”, afirmó el ecólogo marino Fabio Buitrago, al analizar los métodos utilizados por las embarcaciones.
La dimensión del negocio también queda expuesta en el volumen exportado. El biólogo costarricense Randall Arauz advierte que las cifras implican una afectación masiva de poblaciones de tiburones: “Una tonelada de aleta de tiburón […] representa aproximadamente 1000 tiburones grandes”.
Este modelo responde a una lógica económica altamente lucrativa. Las aletas, que representan apenas una fracción del peso total del animal, alcanzan precios significativamente superiores a la carne, lo que incentiva prácticas como el aleteo o finning, donde el cuerpo del tiburón es descartado tras extraerle las aletas.
Pero el punto más crítico de la investigación no se limita a la actividad pesquera, sino al rol del Estado. Ambientalistas y expertos señalan que instituciones como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el propio Inpesca no solo han permitido el comercio, sino que lo han facilitado mediante la emisión de permisos y certificaciones.
Documentación oficial evidencia que empresas exportadoras han logrado enviar toneladas de aletas hacia Asia con respaldo institucional. Entre ellas figuran compañías como Nica Pepino S.A. y Man Kang S.A., que han operado con certificados emitidos por autoridades nicaragüenses.
Estas autorizaciones han sido interpretadas por especialistas como un mecanismo de “blanqueo” del comercio, permitiendo que un producto cuya comercialización está restringida salga del país bajo cobertura legal.
El argumento de la “pesca incidental” funciona, en este contexto, como un recurso discursivo que permite sostener la actividad sin reconocerla formalmente como una pesquería dirigida, evitando así mayores controles o sanciones internacionales.
El impacto de esta práctica trasciende lo económico. Los tiburones cumplen un rol fundamental como depredadores tope en los ecosistemas marinos, regulando poblaciones y manteniendo el equilibrio de las cadenas alimenticias. Su disminución acelerada puede generar efectos en cascada que afecten la biodiversidad y, eventualmente, la sostenibilidad de la pesca misma.
Pese a estas advertencias, el comercio continúa creciendo, impulsado por la demanda internacional y sostenido por una institucionalidad que, lejos de frenarlo, ha sido señalada como facilitadora.
Así, Nicaragua enfrenta crecientes cuestionamientos por un modelo que, bajo la etiqueta de “pesca incidental”, encubre una industria extractiva de alto impacto ambiental, con implicaciones legales, económicas y ecológicas que trascienden sus fronteras.
