La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) considera que “la radio comunitaria está caracterizada por la activa participación de la comunidad en los procesos de creación de noticias, información, entretenimiento y material culturalmente relevante, y ello con un énfasis en temas y preocupaciones locales. La comunidad puede, igualmente, participar en el manejo de la estación y opinar en la programación y contenido de los programas.” Asimismo, se considera que las radios comunitarias no pueden poseer fines de lucro.
A nivel latinoamericano existen miles de radios de esta clase. Por ejemplo, solamente en Brasil operan más de 7,000 emisoras comunitarias.
En Costa Rica el espectro radioeléctrico alberga 4,013 frecuencias de radio, televisión, radiocomunicación y para otros usos, de las cuales ninguna está destinada a radios comunitarias. A pesar de que todas esas frecuencias pertenecen al Estado, 3.733 funcionan de manera irregular o están en desuso, según señala un informe emitido por la Contraloría General de la República.
“Hay radios institucionalizadas, del sector público o comerciales, pero radios que provengan de iniciativas populares de las comunidades o de grupos organizados, yo creo que no las hay en este país, pero no porque no sean necesarias, no porque no haya un interés, sino porque no hay frecuencias o porque no hay condiciones para que las organizaciones o comunidades organizadas puedan tener acceso a recursos, incluso al recurso radioeléctrico que es un bien demanial”, opina Sandra Salazar, del Centro de Comunicación Voces Nuestras, organización perteneciente a la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y a ALER.
La legislación nacional no contempla la existencia ni las condiciones para crear este tipo de emisoras, a diferencia de otros países de la región como Argentina, donde la ley de medios de comunicación reserva un 33% del espectro radioeléctrico para el sector comunitario.
“El que en Costa Rica no existan radios comunitarias me parece que es una deficiencia importante de nuestro sistema democrático, que puede ser ocasionada por distintas razones; una es porque la propia ley no contempla la existencia de estas emisoras”, según opina Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad.
El Programa de la Libertad de Expresión, Acceso al Información y Opinión Pública (Proledi) de la Universidad de Costa Rica viene impulsando, junto con la RedMICA, una campaña sobre el derecho humano a la comunicación basada en 10 puntos para debatir públicamente, de los cuales uno afirma que “El Estado debe informar a la ciudadanía sobre el espectro disponible y asegurar, por la vía de la reserva, que a futuro se desarrolle la radio y televisión educativa, cultural y comunitaria”.
