George Rodríguez EP. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe actuar para que la justicia sea garantizada, en Venezuela, de modo que se determine responsabilidades en materia de violaciones a los derechos humanos en ese país, planteó la embajadora costarricense, Elaine Whyte.
La crisis humanitaria que afecta a Venezuela es una de las más agudas a nivel global, aseguró Whyte, al participar en el 41 Período de Sesiones del consejo, reunión que se lleva a cabo en la ciudad suiza de Ginebra, sede del organismo mundial.
“Este Consejo debe tomar las medidas necesarias con el fin de que se garantice la justicia y que se sienten las responsabilidades correspondientes”, planteó la representante de Costa Rica en la reunión, en la sesión plenaria del jueves.
En ese sentido, es necesario que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (el Acnudh) tenga presencia permanente en Venezuela, indicó, asimismo.
“Costa Rica reconoce la urgencia y la importancia de la presencia en Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada, con plenas garantías de acceso a las cárceles y el poder entrevistar, sin restricción, a detenidos y víctimas”, propuso Whyte, quien indicó, al respecto, que “mi país será vigilante sobre la concreción, pronta y efectiva, del establecimiento, en el terreno, de un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada, con todas las condiciones para realizar su labor”.
La embajadora expresó el repudio de Costa Rica, país centroamericano de sólida tradición democrática –lo que incluye la abolición de su ejército, hace siete décadas-, a prácticas ilegales que son violatorias| de los derechos humanos.
“Mi país manifiesta su repudio acerca de las ejecuciones extrajudiciales, las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo somete a quieres considera sus opositores y las demás graves violaciones a los derechos civiles y políticos reportados en su Informe”, dijo.
Whyte aludió así al informe que, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentó el jueves, al consejo, la alta comisionada delas Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex presidenta chilena (2006-2010, 2014-2018) Michelle Bachelet.
El documento fue inmediatamente rechazado por el régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Whyte, quien es representante permanente de Costa Rica en organizaciones internacionales con sede en Ginebra –incluida la Oficina de las Naciones Unidas-, subrayó el hecho de que, resultado de la crisis humanitaria que golpea a Venezuela, es masivo el flujo de migrantes hacia países principalmente sudamericanos.
“El éxodo masivo de venezolanos ocasionado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, se ha convertido en una de las más graves crisis humanitarias a nivel mundial”, denunció, para plantear que “mi delegación reitera la necesidad que las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional apoyen los esfuerzos de los países de acogida”.
Venezuela registra una crisis humanitaria, política, y de seguridad venezolana que ha generado, en aproximadamente cuatro años, el éxodo emprendido por unos cuatro millones de personas quienes, mayoritariamente vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, incluyendo Ecuador y Perú, además de Argentina y Chile.
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