De acuerdo al informe hecho por la Corte Plena sobre el tema, “…el proyecto plantea la creación de una nueva fiscalía especializada en materia electoral. Asimismo, dispone que le sean asignados un determinado número de fiscales para atender los casos relacionados con esta materia electoral. Salta a la vista entonces que lo anterior afecta e incide de modo directo en el Presupuesto del Poder Judicial y, lógicamente, del propio Ministerio Público. Ello es así en razón de que sería entonces necesario incluir las partidas específicas necesarias para cubrir lo exigido por ley. Este punto debe verse con sumo cuidado pues de aprobarse dicha ley, deberá el Órgano Fiscal disponer lo referente a la implementación y desarrollo de la Fiscalía Adjunta de Delitos Electorales, con la consecuente asignación expresa de inmobiliario, personal auxiliar, agentes del Organismo de Investigación Judicial y, sobre todo, de fiscales que atienden todos aquellos casos relacionados con la naturaleza electoral que indica el proyecto”.
La Corte Plena considera innecesaria la creación de esta fiscalía ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que le corresponde al Fiscal General crear cualquier fiscalía especializada, previo consentimiento de la Corte Plena.
Los magistrados consideran que el proyecto irrespeta la autonomía de la Fiscalía y su agenda. A esto se le suma el costo monetario, que saldría del presupuesto del Poder Judicial.
