La Contraloría General de la República (CGR) presentó un proyecto de ley que busca agilizar las contrataciones públicas, reducir los plazos de impugnación y trasladar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la resolución de recursos relacionados con la compra de medicamentos e insumos médicos, independientemente del monto.
La iniciativa, denominada Reforma para la Simplificación de los Trámites de Impugnación en Contratación Pública, plantea modificaciones a la Ley General de Contratación Pública para reducir las etapas de los procedimientos y facilitar la adjudicación de bienes y servicios.
Entre los principales cambios, el proyecto establece que las administraciones contratantes resuelvan inicialmente los recursos de objeción contra los carteles de licitación mayor. La Contraloría intervendría en segunda instancia cuando los recurrentes mantengan sus cuestionamientos sobre los puntos rechazados por la Administración.
La propuesta fija un plazo de ocho días hábiles para que las instituciones resuelvan las objeciones y otros ocho días para que el órgano contralor atienda las solicitudes de elevación. En las licitaciones menores, la Administración dispondría de cinco días hábiles para resolver los recursos.
El proyecto también modifica el régimen de impugnación de las compras de la CCSS. La iniciativa plantea que la institución resuelva los recursos contra los carteles y los actos finales de los procedimientos para adquirir medicamentos, reactivos, biológicos e implementos médico-quirúrgicos, sin importar la cuantía de la contratación.
Según la exposición de motivos, el régimen actual extendió los plazos de impugnación de los carteles de ocho a 24 días hábiles y los de apelación de 26 a 64 días hábiles.
La Contraloría sostiene que trasladar estas gestiones a la propia Caja permitiría aprovechar la especialización técnica de sus profesionales y reducir los tiempos de compra, sin eliminar los controles sobre los procedimientos.
Finalmente, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley y concede al Ministerio de Hacienda un plazo máximo de seis meses para adecuar el sistema digital unificado. Las nuevas reglas sobre objeciones entrarían en vigor una vez que esa cartera comunique que la plataforma cuenta con los ajustes técnicos necesarios.
Los recursos iniciados antes de la entrada en vigencia de la reforma concluirían bajo las disposiciones aplicables al momento de la decisión inicial del concurso.
