Los dos funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) que elaboraron la nota técnica sobre los supuestos sobreprecios en los contratos entre la Caja y las Cooperativas participaron en los allanamientos por el caso Barrenador, sin embargo, obviaron incluir los archivos que evidenciaban ahorros millonarios en la administra de Ebais y por el contrario únicamente se centraron en la justificación de la denuncia de supuestos sobreprecios, reveló una investigación de Multimedios.
Ricardo Rodríguez Hernández y Carlos Morales Castro, ambos de la Comisión Investigadora que formó el ente contralor y que en tan solo cinco días revisaron y validaron la información relacionada con el proceso de licitación donde se incluía un manipulado Informe de Costos de la Caja, que justifica la acusación de sobreprecios, dejaron de lado los archivos y estudios que señalaban ahorros, centrándose en justificar las acciones de la Fiscalía.
El abogado de Coopesalud, Sergio Castillo indicó que “preocupa mucho el actuar que los funcionarios de la Contraloría, y es por esa razón que hemos presentado esta denuncia ante la contraloría general de la república para que se siente la responsabilidades sobre ese tema y esa participación que pareciera estar al margen de lo que permite nuestra normativa”.
Y es que no hay una justificación técnica sobre la participación de estos funcionarios, otra situación que llama la atención en la manera como se manejó toda esta investigación en diversas instituciones.
Pero ahí no acaba la situación, además el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el Informe de Costos de la Caja y la nota técnica de la Contraloría con las que se fundamenta el caso, pero nunca validaron que estuvieran bien hechas.
Esto pese a la existencia de una circular de la Corte Plena donde se indica que se debe de dar esa validación y el OIJ cuenta con la sección especializada de delitos económicos y financieros adscrita al departamento de investigaciones criminales, además la sección de legitimación de capitales y el departamento de crimen organizado que cuentan con peritos auditores.
Es así como un elemento más pone en entredicho la solidez de la investigación y las investigaciones judiciales lideradas por la Fiscalía Adjunta de Transparencia y Anticorrupción y al fiscal general Carlos Díaz Sánchez.
Y es que fueron los fiscales María Natalia Villalta Hidalgo, Miguel Ramírez López, Ronald Segura Mena y Alejandra Castro Molina quienes solicitaron los allanamientos y no el OIJ, algo que deja también algunas dudas.
