La Contraloría General de la República (CGR) reveló múltiples deficiencias en la gestión de infraestructura del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), encargado de proteger los derechos de menores en situación de vulnerabilidad.
El informe de auditoría detalla fallas que van desde la construcción de nuevas obras hasta el mantenimiento y remodelación de instalaciones, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes en albergues y oficinas de la institución.
Según la CGR, ninguna de las 38 obras planificadas en 2019 se concretó, dejando sin invertir más de ¢15 mil millones provenientes de un fideicomiso que cerró en 2024.
El documento indica que el 60% de los recursos del fideicomiso se destinó a gastos administrativos, en lugar de a infraestructura para la niñez.
Actualmente, el 56% de los inmuebles utilizados por el PANI son arrendados, y entre 2020 y 2024 los gastos por alquileres aumentaron un 58%, presionando el presupuesto de la institución.
En cuanto a las oficinas, la Contraloría reporta que:
67% presentan fallas que afectan la calidad del servicio.
43% están en estado regular o crítico, comprometiendo la atención de la niñez y familias.
Los albergues donde viven menores bajo protección del Estado también enfrentan serios problemas:
19% se encuentran en condiciones críticas o inservibles.
25% operan con sobreocupación.
47% tienen capacidad insuficiente para los servicios que ofrecen.
La CGR enfatiza que una gestión adecuada de infraestructura es clave para garantizar servicios continuos y de calidad, reducir la dependencia de alquileres, ampliar la cobertura territorial y brindar entornos seguros y estimulantes para el desarrollo integral de los menores bajo protección estatal.
