La Contraloría General de la República presentó su criterio técnico sobre el proyecto de presupuesto ordinario para el 2027 ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde evidenció una contracción cercana al 3% respecto al año anterior y una reestructuración de fondos que castiga severamente la inversión social del país.
El plan de gastos estatal, tramitado bajo el expediente 25.754, asciende a 12,4 billones de colones, cifra que representa un 22,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El documento refleja un estancamiento nominal en el gasto primario respecto al 2026 y una preocupante tendencia a la baja en la carga tributaria, situación que amenaza el financiamiento de los servicios estatales y la sostenibilidad fiscal.
El ente fiscalizador detalló una disminución significativa en las transferencias corrientes, lo cual afecta directamente el funcionamiento operativo y los programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN) y el FODESAF. La propuesta presupuestaria destina mayores fondos a la adquisición de activos financieros y ligeramente a remuneraciones, en detrimento de los sectores vulnerables.
El recorte de mayor gravedad impacta al Régimen No Contributivo. Esta partida experimenta una supresión de 83.138 millones de colones, equivalente a un 48% menos en comparación con el presupuesto del 2026. El nuevo límite queda fijado en 90.171 millones de colones, con lo cual la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estima que cerca del 62% de los recursos necesarios quedarán fuera de la planificación fiscal.
La presentación del informe generó inquietud entre los legisladores, quienes cuestionaron la viabilidad operativa de las entidades afectadas al recibir asignaciones incluso menores a las ejecutadas tradicionalmente, como las correspondientes al 2025, y plantearon la dificultad de reponer dichos fondos mediante presupuestos extraordinarios.
Adicionalmente, el debate abordó la creciente presión que ejercen los pagos de intereses producto del endeudamiento sobre el gasto público, así como el histórico pasivo del Estado con la seguridad social. La autoridad contralora instó al Ministerio de Hacienda, a la CCSS y al Poder Legislativo a construir una ley especial que brinde una solución definitiva y a largo plazo para sanear dicha deuda, luego de años de acuerdos catalogados como casi simbólicos.
