George Rodríguez EP. Organizaciones de ciudadanos de Nicaragua exiliados en Costa Rica condenaron, este domingo, la represión policial y parapolicial lanzada, un día antes, para impedir la realización de una masiva manifestación pacífica opositora en la capital nicaragüense.
Las agrupaciones formularon, asimismo, en comunicados individuales, llamados a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones en procura de que cese la violación a los derechos humanos por parte del régimen encabezado por el presidente y la vicepresidenta nicaragüenses, respectivamente, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica (UNE-CR) expresó su “total repudio a las brutales acciones policiales de este sábado en Nicaragua, que representan un día más de violenta y desproporcionada represión de la dictadura”.
La puesta rápida en libertad de los aproximadamente cien detenidos –entre ellos líderes históricos disidentes del nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- no atenúa la represión registrada en distintos sectores de Managua, la capital nacional, señaló la UNE-CR, en un breve comunicado.
“Dichos ciudadanos jamás debieron ser encarcelados ni mucho menos sometidos a golpes y otras vejaciones por parte de los uniformados al servicio de los Ortega Murillo”, agregó, para señalar que “tales acontecimientos (…) una vez más evidencian la esencia brutalmente antidemocrática de la dictadura orteguista”.
La unión solicitó, asimismo, a la comunidad internacional, la aplicación de sanciones contra el régimen, por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) así como de países a nivel individual, y el aislamiento diplomático del gobierno.
“Exhortamos a la unidad de todos los nicaragüenses, dentro y fuera de Nicaragua, para acelerar el final de este régimen genocida”, indicó, además.
En términos similares, la organización feminista Mujeres en Acción exhortó, a organismos internacionales, a actuar para detener las violaciones a los derechos humanos, y para que tales crímenes no queden impunes.
“Repudiamos la represión y hacemos un llamado vehemente a los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos y a toda la comunidad internacional, para que establezca urgentemente las acciones que pongan un alto al patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y la impunidad de sus perpetradores”, expresó la agrupación.
También exigió protección para las defensoras de los derechos de las mujeres, y las presas políticas.
“Demandamos se proteja la vida de las defensoras feministas y el trabajo de sus organizaciones, la vida y seguridad de las y los periodistas, la integridad física y sexual de las presas políticas, y los derechos humanos de todas aquellas personas que luchan para que la justicia, la libertad, la democracia y la paz social regresen a Nicaragua”, indicó.
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca +”, acusó, específicamente, a la Policía Nacional de actuar según orientación política y violando los derechos humanos.
Al expresar que “repudia las detenciones arbitrarias” que fuerzas policiales llevaron a cabo, el colectivo denunció que “esta institución partidarizada continua violentando los derechos humanos de la población nicaragüense”.
La agrupación –integrada por exiliados defensores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)- exigió, además, la libertad de centenares de presos políticos.
“El Colectivo exige enérgicamente la libertad de los más de 600 presas y presos políticos”, señaló la agrupación, en el texto de tres párrafos, y advirtió que “continúa documentando todas las violaciones cometidas por el régimen Ortega Murillo”.
La agrupación reiteró, además, su consigna de “Nunca Más Impunidad. Nunca más Dictadura. Nunca más olvido”.
Las declaraciones fueron emitidas un día después de la represión policial y parapolicial –con saldo de aproximadamente cien detenidos y un número no determinado de heridos y lesionados- que impidió la realización de la manifestación masiva y pacífica a la que había convocado la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Los incidentes se enmarcaron en la violenta crisis sociopolítica nicaragüense, que estalló el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado considerable a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas, como en el caso de este sábado-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que está actualmente centrándose en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
