La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó el presupuesto nacional para el año 2027 con severos recortes a las universidades públicas, restricciones al Poder Judicial y tijeretazos a programas que atienden poblaciones vulnerables.
El dictamen, por ₡12,4 billones, avanzó con seis votos oficialistas y cinco en contra, correspondientes a diputados de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA). La votación se produjo a las 11:30 p. m. de este martes 20 de octubre, cuando venció el plazo reglamentario para tramitar las mociones de fondo.
₡250.000 millones cambian de destino
Una de las modificaciones más relevantes fue una redistribución cercana a ₡250.000 millones que involucra partidas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Además, figuran reducciones reportadas por más de ₡56.000 millones para los CEN-Cinai, más de ₡159.000 millones vinculados a la atención de personas en condición de calle y ₡33.314 millones del Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI).
En contrapartida, la redistribución contempla ₡15.737 millones para Avancemos, ₡3.927 millones para comedores escolares, ₡12.149 millones para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y ₡37.332 millones para financiar pensiones de adultos mayores en situación de pobreza. El Observador La discusión no se reduce, por tanto, a un simple traslado contable; Más bien, el punto es determinar si los programas que pierden recursos podrán mantener su cobertura y atender sus obligaciones, y si las instituciones que reciben dinero tendrán capacidad para compensar las necesidades que ya existían.
En materia cultural, la comisión restó casi 2.000 millones de colones a los presupuestos operativos del sector de cine, danza, teatro y casas de la cultura, afectando directamente las operaciones en la provincia de Puntarenas.
A nivel legislativo , las mociones 11 y 12 restaron 1.919 millones de colones a la partida de dietas de la Asamblea Legislativa para inyectarlos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Universidades pierden ₡8.048 millones
El presupuesto dictaminado también incorpora una reducción de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), recursos que se trasladarán al Ministerio de Educación Pública (MEP) para cubrir obligaciones patronales con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
La rebaja afecta a las universidades públicas y se suma a la controversia que rodea el financiamiento de la educación superior. Además, el oficialismo aprobó quitar ₡250 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, destinados a la fiscalización de obras viales.
Seguridad y justicia también enfrentan restricciones
El Poder Judicial tendrá un recorte de alrededor de ₡10.000 millones y mantiene un congelamiento de ₡29.844 millones sujeto a condiciones de ejecución presupuestaria.
El oficialismo rechazó una propuesta del PLN para eliminar ese congelamiento. Las reglas contemplan requisitos y controles para liberar los recursos, con posibles repercusiones sobre el funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
En materia de seguridad, el presupuesto presentado por el Ejecutivo también contempla reducciones para el Ministerio de Seguridad Pública. La discusión ocurre mientras el país enfrenta problemas de criminalidad y exige respuestas de sus instituciones policiales y judiciales.
Plata para ¿Comunicación, drones y salarios?
Mientras varias instituciones afrontan reducciones, el Ministerio de la Presidencia recibirá ₡1.996 millones adicionales, un aumento del 16,8%, para alcanzar un presupuesto de ₡13.883 millones.
En la misma línea, se redirigirá dinero para comunicación, equipos electrónicos y partidas salariales.
Hacienda, por su parte, tendrá ₡1.895 millones adicionales para salarios y remuneraciones, con lo que su presupuesto llegará a ₡150.250 millones. También se reportaron aumentos en las partidas de comunicación de Casa Presidencial. CR Hoy
Un dictamen que todavía puede cambiar
El proyecto de presupuesto recibió 137 mociones, pero solo una fracción logró votarse antes de que venciera el plazo reglamentario. Las propuestas restantes quedaron sin discusión y fueron desechadas en comisión, de acuerdo con los reportes de la prensa legislativa. La Nación
El texto pasará al Plenario Legislativo, donde se discutirá y votará en dos debates. El plazo para su aprobación definitiva vence el 29 de noviembre.
Por ahora, el dictamen deja documentada una redistribución de recursos que afecta a instituciones sociales, universidades y al Poder Judicial, mientras contempla aumentos para Hacienda y Presidencia. El debate definitivo deberá determinar si esos cambios se mantienen, se modifican o reciben nuevas enmiendas.
La discusión de fondo no es únicamente cuánto dinero tendrá el Estado en 2027. Es también qué servicios podrá sostener, cuáles necesidades quedarán relegadas y qué responsabilidades asumirán los diputados que decidan el destino final de los recursos públicos.
