El que la Comisión no haya tenido integrantes mujeres; el que sus miembros sean todos personajes del “establishment”; el que -como la propia Comisión admite- muchas de las sugerencias no sean novedosas; y el que haya habido impericia en la divulgación del documento no le restan mérito a sus propuestas ni hace menos importante su discusión. En lo personal y desde este espacio, me referiré de manera puntual y progresivamente al Informe a lo largo de las próximas semanas. Por ahora, me permito hacer algunos apuntes generales a título de introducción a dicho análisis.
El documento es complejo y debe valorarse de forma integral. Es decir, la mayoría de sus recomendaciones sustantivas tienen que entenderse encadenadas unas con respecto a las otras pues de lo contrario resultará casi imposible -o bien podría ser contraproducente- implementarlas. En ese sentido, la capacidad para llevar a cabo muchas de las reformas que se plantean dependerá de la voluntad del colectivo nacional de impulsar un cambio profundo del modelo de Estado que tenemos, pero también y principalmente, de la capacidad que los factores de poder que lo condicionan de construir acuerdos de gobernabilidad efectivos, democráticos e inspirados en un espíritu inclusivo.
Por esa razón, la idea sugerida con poco tino por uno de los comisionados de “forzar” la aceptación de las recomendaciones por parte de los candidatos presidenciales que participen en los comicios del 2014, no es de recibo. La realización de las modificaciones que los Notables proponen supera en mucho la capacidad de un individuo o de un partido, y obligan a la construcción de un espacio de diálogo y concertación nacionales en donde interactúen tanto las organizaciones políticas, como las sociales y productivas en procura de una “Agenda de Estado” de primera calidad.
Del Informe, menciono algunas de las propuestas que me parecen especialmente importantes: a) avanzar hacia un modelo más “parlamentario” que el actual; b) garantizar mejores y más eficaces mecanismos de control político sobre el Poder Ejecutivo; c) aliviar la carga de la Sala Constitucional y eliminación de la consulta prescriptiva que la ha convertido en un virtual “Senado”, desnaturalizándola; d) instaurar la reelección presidencial sucesiva en lugar del adefesio actual; e) agilizar la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento, de manera que se devuelva solvencia a la toma de decisiones garantizando el respeto de y un espacio razonable para las minorías; f) redefinir la organización territorial del país; y g) volver más eficiente la administración del Gobierno central, las instituciones descentralizadas, las municipalidades y los órganos auxiliares del Estado.
¿Podrán las recomendaciones del Informe ponerse en marcha en lo que resta de la Administración Chinchilla, tan debilitada como está y ya agónica en el último cuarto de su mandato? Quizá sólo en lo que respecta a algunos temas muy puntuales. Sin embargo el contexto actual –de tensión preelectoral- resulta poco propicio para acometer un esfuerzo tan amplio y complejo, que requiere de un ánimo sereno y una actitud nacional de absoluto compromiso con el largo plazo.
En suma, la Comisión de Notables ha realizado una contribución significativa a un debate nacional que siendo urgente, apenas pareciera empezar a despuntar. El desafío está planteado y no debemos rehuirlo. Costa Rica lo demanda.
