La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la denuncia por presunto abuso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado avanzó en el proceso y acordó convocar tanto a las partes involucradas como a los testigos para rendir declaración.
El órgano legislativo, integrado por cinco diputados, entró en una nueva fase tras definir la lista de personas que serán escuchadas, en un caso que se tramita bajo confidencialidad debido a la naturaleza de la denuncia.
Durante la más reciente sesión, la comisión aprobó llamar a audiencia tanto a la denunciante, la exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa, como al propio Alvarado.
Además, se acordó convocar a los testigos propuestos por la denunciante, entre ellos personas cercanas al entorno legislativo y profesional del congresista.
Entre los nombres incluidos figuran César Zúñiga, tesorero del partido Nueva República, Bernarda Trejos, madre de Azofeifa Rubén Castillo, médico del Congreso, Alejandra Cruz, psicóloga legislativa y Guido Campos, asesor
Todos serán citados para comparecer en una misma jornada. La comisión también avaló escuchar a otros testigos vinculados al caso, como parte del proceso de recolección de prueba testimonial.efensa no presentó testigos
Uno de los elementos que marcó la sesión fue que la defensa del diputado no presentó testigos para el proceso. El abogado de Alvarado había planteado que la comisión no tenía competencia para conocer el caso; sin embargo, ese argumento fue rechazado por los legisladores.
Según el criterio acogido por la comisión, el proceso legislativo puede desarrollarse de forma paralela al judicial, ya que ambos tienen alcances distintos.
Debido a la naturaleza del caso, las sesiones de la comisión se realizarán de forma privada, lo que limita la información que se hace pública. Aun así, se confirmó que el órgano legislativo ya recibió prueba documental y se prepara para entrar en la etapa de audiencias.
Este tipo de comisiones se rige por el reglamento contra el hostigamiento sexual aprobado en la Asamblea Legislativa en 2021, y es la primera vez que se activa un procedimiento de este tipo bajo esa normativa.
En caso de que se determine responsabilidad, la sanción contemplada en el reglamento es una amonestación ética pública, señalamiento formal, registro en el expediente y divulgación por medios oficiales del Congreso.
Todo ese procedimiento es independiente de la vía penal, que también fue activada por la denunciante.
