George Rodríguez EP. Nicaragua es escenario de un proceso mediante el cual está instalándose un Estado de terror, contexto en el cual los derechos humanos son violados cotidianamente, advirtió este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Planteamientos en ese sentido fueron formulados por el relator especial para la Libertad de Expresión y el secretario ejecutivo de la CIDH, respectivamente, el uruguayo Edison Lanza y el brasileño Paulo Abrão, durante la 170 Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo para abordar nuevamente la violenta crisis sociopolítica que afecta, hace más de siete meses, a Nicaragua.
De acuerdo con lo planteado por Lanza, en ese país centroamericanos “estamos en un momento de precisar, con mucho rigor, lo que está sucediendo. Es que hay una supresión absoluta de las libertades fundamentales, hay un Estado de terror que se está instalando”.
La operación de grupos armados ilegales constituye un componente central en ese contexto, indicó el experto.
“La relatoría ha recibido varios testimonios de periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido que abandonar el país, por amenazas graves de grupos parapoliciales que operan en el país”, explicó Lanza, un periodista y abogado.
Por su parte, Abrão señaló que la comisión registra, cotidianamente, violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en el marco de la dramática situación derivada de la persistente represión policial antiopositoras.
“No hay un día en que la CIHD no reciba una denuncia de violación a derechos humanos. Las personas viven en un ambiente de restricción de sus derechos”, señaló el jerarca de la entidad continental.
Ello incluye la constante criminalización de quienes defienden las garantías fundamentales, lo que torna necesario un minucioso monitoreo de lo que ocurre en Nicaragua, precisó.
“Los decretos de la policía, y las propias leyes, para criminalizar a los defensores de derechos humanos, refuerza la necesidad de seguir, de manera muy atenta, la situación en este país”, subrayó.
En ese sentido, la relatora de la CIDH para Nicaragua, la chilena Antonia Urrejola, dijo que ese monitoreo se mantendrá como parte de la agenda referida a ese país.
“Nosotros vamos a continuar monitoreando la situación”, aseguró, para agregar, de inmediato, que “tenemos una agenda para el próximo trimestre, y no vamos a cejar en acompañar al pueblo nicaragüense. Van a contar con nosotros de manera permanente”, enfatizó.
Por su parte, los representantes de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense participantes en la sesión, formularon, a la CIDH, algunas solicitudes.
Las peticiones incluyeron acceso a los lugares donde permanecen encarceladas más de quinientas personas, detenidas por haber participado en actividades opositoras pero acusadas de haber cometido delitos relacionados con terrorismo y otras actividades criminales.
Entre las organizaciones presentes en la sesión de casi dos horas de duración, figuraron la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), la Asociación Nicaragüense Pro- Derechos Humanos (ANPDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Sus representantes proporcionaron, a la CIDH, información actualizada sobre la crisis nicaragüense, y también formularon denuncias puntuales en materia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
El gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se abstuvo de enviar representación a la audiencia.
La actividad se llevó a cabo dos meses después de que, en su 169 sesión, la CIDH recibió a periodistas independientes nicaragüenses quienes denunciaron que, en Nicaragua, son tratados como criminales, y que, al igual que otros sectores, el gremio es blanco de lo que definieron como la política de terror que el gobierno aplica en general.
Esa audiencia, llevada a cabo el 2 de octubre, tampoco registró representación gubernamental.
Durante esa sesión, representantes de los medios de comunicación independientes, particularmente las radioemisoras, denunciaron que ven violada la libertad de expresión.
La denuncia fue formulada por los periodistas nicaragüenses Patricia Orozco (Radio Onda Local), Sergio León (Radio La Costeñísima), y Aníbal Toruño (Radio Darío), durante el abordaje de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco de la reunión llevada a cabo en la ciudad estadounidense de Boulder, en el occidental estado de Colorado.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis nicaragüense presenta, hasta ahora, saldo de por lo menos 545 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega, lo mismo que de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
