La ex mandataria Laura Chinchilla reapareció, luego del traspaso de Gobierno, realizando fuertes críticas al Gobierno de Solís por derogar directriz firmada durante su gestión para combatir evasión fiscal.
Ante una derogatoria que me obliga a hablar
Me he propuesto guardar silencio y tomar distancia de los temas de gobierno por un tiempo prolongado. Considero que es lo que corresponde en toda transición política. El Presidente saliente debe dar espacio al nuevo gobernante para que éste asuma con total consecuencia el protagonismo que le corresponde y despliegue sus acciones e iniciativas en un ambiente constructivo, exento de prematuras y siempre contraproducentes rebatiñas políticas.
Así anuncié que lo haría, guardando tan sólo especial consideración sobre algún tema que en nombre de la defensa de alguna decisión tomada en su momento, demandara de nuestra intervención. No creí que llegara tan rápido, la hora de echar mano de esa excepción. La causa: el intento por parte del Ministerio de Hacienda, de derogar una directriz firmada durante mi gobierno para fortalecer la acción penal y combatir la impunidad en los delitos de evasión tributaria. Sobre este hecho han informado en las últimas horas los periódicos Diario Extra y La Nación, en ediciones digitales. Además, se ha hecho circular en redes sociales, un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda, justificando dicha derogatoria.
¿Por qué me veo obligada ha hablar del tema? Porque estoy convencida, tal y como lo expresé en mi último informe de labores el 1 de mayo pasado, que mi gobierno pagó una altísima factura por la forma honesta e independiente con que manejamos casos que involucraban intereses de dueños de medios de comunicación. Permítanme explicarme con mayor detalle:
1. La directriz que ahora se quiere derogar y que firmé en el año 2012 se convirtió en un poderoso símbolo de lucha contra la evasión fiscal. Si bien es cierto, como lo justifica el Ministerio de Hacienda, la directriz no puede impedir los procesos de conciliación contemplados en la legislación, la misma envió un mensaje político muy poderoso a entes técnicos y judiciales sobre la importancia de perseguir los delitos tributarios, los cuales hasta ahora contabilizan una única condena en nuestro país. Echar para atrás esta directriz es volver a propiciar la impunidad que históricamente ha reinado en esta materia.
2. Aunque al firmar la directriz lo hicimos ignorando a cuáles casos concretos se le aplicaría ya que los detalles de los expedientes tributarios le son vedados al Presidente de la Republica, la misma tuvo como consecuencia que algunos expedientes se movieran hacia sede judicial. Algunos de estos expedientes tenían varios años sin resolverse y correspondían a grupos o individuos poderosos, entre ellos medios de comunicación.
3. Insisto, la directriz no tenía el propósito de perseguir a nadie en particular, sino de fortalecer la acción penal sobre un delito estipulado en nuestra legislación y que afecta gravemente el interés público. Pese a ello, dos personeros del diario La Nación, en su momento, le atribuyeron a esa directriz una intencionalidad que nunca tuvo y la ligaron a un caso que ese medio tiene abierto desde hace 10 años en la Dirección General de Tributación Directa y sobre el cual el Diario Extra y Noticias Repretel han informado en el pasado.
4. Lo que sí resulta constatable, es que coincidiendo con la emisión de esa directriz y con la reticencia a conciliar el caso de La Nación, por parte del entonces Director General de Tributación Directa y del Viceministro de Hacienda quienes siempre actuaron con rigurosidad e independencia de criterio, se desató una “inexplicable” línea informativa de ese medio en contra de nuestro gobierno que nos acompañó hasta el final de nuestra gestión.
5. Especial saña mostró ese medio de comunicación, cuando utilizando mecanismos ilegales y fuentes tributarias cuestionadas quiso dar a entender que algunos jerarcas de mi gobierno habían incurrido en evasión fiscal, cuando no era así. Situación ésta que llevo al debilitamiento de la lucha valiente que dimos para la aprobación de una reforma tributaria ambiciosa y progresiva.
En mi discurso de rendición final de cuentas el 1 de mayo pasado, me referí al riesgo que corre nuestra democracia, cuando grupos particulares utilizan la poderosa tribuna que suponen los medios de comunicación, para hacer valer sus intereses económicos. Si lo dije con tal franqueza, es porque mi gobierno lo vivió y lo padeció. Nunca, sin embargo, claudicamos en la defensa del interés público, pese a las embestidas que recibimos. La directriz se sostuvo contra viento y marea y los funcionarios actuaron con la honestidad que demanda el proteger con celo la obligación que tienen los ciudadanos de pagar sus tributos, especialmente los grupos económicos más fuertes.
Confío en que el Gobierno de la República, no haga efectiva la directriz emitida por el Ministerio de Hacienda. Confío en que se mantenga el llamado a las autoridades técnicas y judiciales para que eviten la impunidad en materia de evasión fiscal. Confío en que las autoridades políticas del actual gobierno no se interpongan en el curso que llevan los expedientes judiciales por presuntas evasiones tributarias. Confío en que los diputados de diversas fracciones, especialmente la del PAC frente a su compromiso con la ética, pidan explicaciones al respecto. Confío en que el costo que mi gobierno pagó para evitar la impunidad en materia de delitos tributarios, no haya sido en vano.
