La vivienda de la vicealcaldesa de Puntarenas fue allanada este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de un amplio operativo contra una estructura criminal presuntamente dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales.
Durante la intervención, las autoridades detuvieron a una de las hijas de la funcionaria municipal, quien figura entre las personas investigadas dentro del expediente conocido como “Caso Turbo”.
El allanamiento forma parte de una operación que incluyó 23 diligencias simultáneas en distintos puntos de Puntarenas, dirigidas a desarticular una organización que, según las autoridades, habría continuado operando incluso después de la captura de alias “Engler”, señalado como uno de los principales líderes del grupo criminal.
Aunque la casa de la vicealcaldesa fue intervenida por los agentes judiciales, las autoridades no han informado que la funcionaria forme parte de la investigación ni que haya sido detenida. La captura se produjo contra su hija, quien es vinculada por los investigadores con la presunta estructura delictiva.
De acuerdo con el OIJ, la organización habría mantenido actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el manejo de recursos de origen ilícito mediante una red integrada por familiares, colaboradores y personas cercanas a quienes originalmente lideraban el grupo.
La investigación también alcanzó otras propiedades asociadas a miembros de la organización. Entre ellas figura una lujosa residencia vinculada a la esposa de alias “Engler”, valorada en cerca de un millón de dólares y equipada con piscina, amplias áreas recreativas y una cancha de fútbol.
Las autoridades sospechan que parte de los bienes adquiridos por integrantes de la estructura podrían haber sido obtenidos con recursos provenientes de actividades ilícitas, por lo que la causa incluye una línea de investigación relacionada con presunta legitimación de capitales.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, indicó que el objetivo del operativo era impactar tanto la estructura operativa como la financiera del grupo, al considerar que continuó desarrollando actividades criminales pese a las acciones judiciales emprendidas en años anteriores contra algunos de sus principales integrantes.
Los allanamientos permitieron además el decomiso de evidencia que será analizada por los investigadores como parte del proceso judicial en curso.
El “Caso Turbo” se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes que actualmente desarrolla el OIJ en la provincia de Puntarenas, una zona que en los últimos años ha experimentado un incremento en la actividad de organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
