George Rodríguez EP. La legislación que un comité del Senado de Estados Unidos se apresta a debatir esta semana, para sancionar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de altos funcionarios de Nicaragua, castigará al pueblo de ese país centroamericano, advirtió este domingo el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
Posiblemente, el gobierno de Nicaragua esté analizando cómo contrarrestar los efectos de esa legislación, pero tiene mucho que perder, aseguró Brenes, al oficiar misa en la Catedral Metropolitana de Managua, la capital nacional.
“El gobierno estará pensando en ‘Plan B’, pero sabemos todo el apoyo que se puede perder con esa ley que va afectar a Nicaragua, y, de manera especial, a los más pobres”, reflexionó el cardenal, quien preside la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), y es arzobispo de Managua.
El sacerdote aludió así a dos iniciativas de ley que, referidas a Nicaragua, el senatorial Comité de Relaciones Exteriores se apresta a abordar el 26 de este mes.
Los proyectos son los denominados Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018) –iniciativa S. 3233- Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act) –iniciativa S. 2265-, más conocida como NICA ACT, según versiones periodísticas conocidas la semana pasada en Nicaragua.
El primero, promovido por el senador Bob Meléndez, cuenta con el respaldo de 14 senadores, fue presentado en julio de este año, mientras el segundo, impulsado por la diputada Ileana Ros-Lehtinen, fue inicialmente presentado y aprobado, en 2017, en la Cámara de Representantes.
El proyecto sobre derechos humanos y combate a la corrupción prevé sanciones para las autoridades gubernamentales nicaragüenses responsables de violaciones a las garantías fundamentales en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de cinco meses convulsiona a Nicaragua.
La NICA ACT apunta a impedir que entidades crediticias internacionales otorguen financiamiento a ese país centroamericano.
Las iniciativas de ley serán abordadas el 26 de setiembre, por la comisión senatorial, equipo de trabajo que, a propuesta de su presidente, Bob Corker, analizará la fusión de ambas.
A iniciativa de su presidente, Bob Corker, el grupo de trabajo del Senado analizaría la posibilidad de fusionar ambos proyecto.
Brenes formuló las declaraciones un día después de que, en un multitudinario acto público de apoyo a su administración, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no siente preocupación por la perspectiva de que esa legislación sea apriobada.
“Desde cuándo vienen diciendo que van a aplicar la Nica Act? Y, si la aplican, qué? Aquí tenemos recursos naturales, hombres y mujeres y trabajadores que vamos a unir esfuerzos para mejorar la economía que los golpistas la hirieron seriamente”, dijo, en la concentración llevada a cabo en Managua.
Ortega aludió así a la masiva oposición registrada, hace algo más de cinco meses, mediante masivas manifestaciones callejeras y otras acciones populares, contra su gobierno, y Que el mandatario sostiene que constituyen un intento de golpe de Estado.
“Levantando la economía ganamos todos, porque, si no se levanta la economía, los que más pierden son los que más tienen”, advirtió, en alusión a la violenta crisis sociopolítica en la que se enmarca esa oposición, y a la afectación económica que presenta la dramática situación.
En ese sentido, durante la actividad, Ortega llamó al empresariado a cumplir su cometido como sector productivo, y lo acusó de actuar, en el marco de la crisis, como un partido político.
“A esto tiene que sumársele el esfuerzo de todos, incluyendo las fuerzas económicas que se han convertido en partido político. Los empresarios no son un partido político. Los empresarios están para producir. Si quieren formar un partido político, están en su derecho, pero que cumplan con su deber como empresarios ante el Estado y el pueblo nicaragüense”.
El tiempo para actuar políticamente, en el proceso electoral, se dará dentro de tres años, tal como está previsto, aseguró.
“Ya habrá momento para elecciones. Las elecciones son en noviembre de 2021. Así como a nosotros nos tocó esperar 18 años para ganar las elecciones, que ellos esperen”, indicó, reafirmando su negativa a aceptar el planteamiento de la oposición en el sentido de que los comicios sean adelantados a marzo del año próximo.
Ortega aludió así al período transcurrido desde 1990, cuando el nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) registró la primera de sus tres sucesivas derrotas electorales, y 2007, cuando regresó al poder –en el que se ha mantenido sin interrupción (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022), luego del primer mandato, al frente del gobierno revolucionario (1979-1990)-.
Respecto a la negativa de Ortega a anticipar las elecciones, Brenes aseguró, en su homilía dominical, que “no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante”, y agregó que “el reto a seguir es sentarnos a platicar antes de llegar a un precipicio”.
El arzobispo aludió así al fracasado Diálogo Nacional, convocado en mayo por el gobierno, con la CEN como mediadora y testigo, para buscar solución a la crisis.
“El señor nos llama a ser personas abiertas, a escuchar las críticas, y, si estas críticas no tienen ningún sentido, ni ninguna base, pues nadie tiene por qué molestarse”, planteó.
La crisis que golpea al país estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones opositoras ha cobrado aproximadamente 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos.
La situación también ha causado daño en gran escala a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
