George Rodríguez EP. La inclusión de la crisis nicaragüense en el debate realizado este miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituyó un acto injerencista, planteó, al participar en las deliberaciones, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
Ello, debido a que varios de los países miembros del organismo internacional plantearon que la violenta situación que golpea a esa nación no constituye amenaza alguna para la seguridad mundial, indicó el ministro, en la declaración de quince puntos contenidos en ocho páginas.
“Existe consenso en este Consejo de Seguridad, en que Nicaragua no representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, su inclusión en esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, y una violación a la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional”, aseguró Moncada, un general retirado.
El canciller aludió así a planteamientos formulados en ese sentido por representaciones tales como las de Bolivia y Kazakhstan, durante el debate en el organismo de quince miembros –cinco de ellos permanentes y con derecho a veto: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, República Popular China, Rusia-.
“Este Consejo no es el órgano competente para tratar esta materia. Los Derechos Humanos deben abordarse mediante diálogo constructivo, no confrontativo, no politizado y basado en los principios de Universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad”, subrayó Moncada.
El canciller destacó, al señalar rasgos que caracterizan a Nicaragua, que en ese país se defiende principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas –el documento constitutivo de la organización mundial, suscrito el 26 de junio de 1945, luego de finalizada la Segunda Guerra mundial (1939-1945)-.
“En Nicaragua somos amantes de la Paz, fortalecemos la seguridad y promovemos y defendemos los Derechos Humanos de forma integral”, señaló, para agregar que “el Gobierno y el Pueblo Nicaragüense defienden los principios de independencia, soberanía y autodeterminación de los Pueblos, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas”, y que, “por lo tanto, demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista que viola el Derecho Internacional”.
El señalamiento de Moncada respecto a lo que calificó como actitud injerencia detrás de la inclusión del tema nicaragüense en la sesión fue apoyado por las representaciones de países aliados de Nicaragua –incluidos Bolivia, China, Rusia, Venezuela-.
Otras representaciones, incluidas la británica, la francesa, y la peruana, formularon llamados al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a cesar la represión policial y parapolicial antiopositora.
Al referirse a Ortega, la embajadora de Estados Unidos y actual presidenta del Consejo de Seguridad, Nikki Haley, lo comparó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y calificó a ambos de dictadores.
“Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tijera, son alumnos de la misma escuela de dictadura”, aseguró la diplomática.
El debate en el Consejo de Seguridad se llevó a cabo seis días después de que el gobierno de Ortega dio por finalizada la labor de un equipo de trabajo que la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) había enviado a Nicaragua.
La decisión fue formalizada el 30 de agosto, un día después de que en conferencia de prensa realizada en Managua, la capital nacional, el coordinador de la Oficina Regional para América Central de la Oacnudh, Guillermo Fernández, presentó el informe titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, documento que cubre el período desde el 18n de abril –fecha de inicio de la presente crisis- hasta el 18 de agosto.
Entre las recomendaciones que incluyó en el informe de 47 páginas, la Oacnudh planteó, al gobierno nicaragüense, cesar toda represalia antiopositora.
El informe de la Oacnudh y la decisión gubernamental se enmarcan en la violenta crisis se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de cuatro meses golpea a Nicaragua.
La dramática situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular que desató se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora, la que ha cobrado alrededor de 500 vidas, generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos, y causado daño a la economía nacional.
