Bolivia ingresa hoy viernes a su quinta semana de crisis política, atrapada entre carreteras bloqueadas y un creciente desgaste económico que golpea a millones de ciudadanos debido a la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos.
Hasta el mediodía de esta jornada se registran casi 80 puntos de bloqueo en toda la geografía nacional, especialmente en el departamento de Cochabamba (centro), aunque el epicentro del conflicto son las ciudades de El Alto y La Paz, ambas ubicadas en el departamento de La Paz (oeste).
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras confirmó que los cortes de ruta continúan en aumento mientras fracasan, por ahora, los esfuerzos de mediación impulsados por organizaciones de la sociedad civil y el vicepresidente Edman Lara.
Las filas de vehículos en estaciones de servicio, los mercados con menor oferta de productos básicos y el constante aumento de precios se han convertido en parte del paisaje cotidiano en las urbes cercadas, donde miles de familias enfrentan dificultades para abastecerse.
El impacto económico ya alcanza dimensiones alarmantes, de acuerdo con la Cámara Nacional de Industrias, que cifra las pérdidas en más de 1.680 millones de dólares, equivalentes al 2,26 por ciento del Producto Interno Bruto.
Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó daños por más de $1.000 millones en sectores productivos y exportadores.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que solo las exportaciones dejaron de mover más de 500 millones de dólares en cuatro semanas de paralización.
Según el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, la conflictividad deteriora la confianza de inversionistas y turistas.
“¿Quién se va a animar a invertir en el país o hacer turismo con semejante conflictividad?”, cuestionó.
Mientras, el economista Luis Fernando Romero Torrejón sostuvo que los efectos ya impactan al empleo, la inflación y el déficit fiscal, y advirtió que Bolivia podría tardar más de un año en recuperar los daños económicos provocados por el conflicto.
La crisis comenzó el 1 de mayo con reclamos salariales, pero escaló hasta incluir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025, hace apenas seis meses.
El vicepresidente Lara exhortó este viernes al Gobierno tanto como a los movilizados a ceder posiciones para abrir un espacio de diálogo.
Sin embargo, la posibilidad de acercamiento disminuyó luego de que el fiscal general, Róger Mariaca, ratificara las órdenes de aprehensión contra el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y otros líderes sindicales investigados por los bloqueos.
Repercusión económica
Bolivia enfrenta uno de los episodios de mayor desgaste económico y político de los últimos años.
De acuerdo a estimaciones locales, se han provocado pérdidas calculadas, según industriales y exportadores, en más de 1.680 millones de dólares, equivalentes al 2,26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras expertos advierten que la recuperación podría tomar más de un año.
La Cámara Nacional de Industrias difundió un informe que sitúa las pérdidas acumuladas por los bloqueos en 1.680 millones de dólares durante 28 días de conflicto (unos 66 millones de dólares diarios), con una afectación equivalente al 2,26 por ciento del PIB nacional.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) calculó, por su parte, daños superiores a los 1.000 millones de dólares, principalmente en sectores exportadores y productivos, mientras el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, estimó que solo las exportaciones dejaron de mover más de 500 millones de dólares en cuatro semanas de paralización.
El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, sostuvo que la conflictividad fracturó las cadenas de producción y comercialización, agravando el desabastecimiento y la inflación. “También está la pérdida de la imagen de Bolivia. ¿Quién se va a animar a invertir en el país o hacer turismo con semejante conflictividad?”, cuestionó.
Según datos de la Cámara Nacional de Exportadores citados por el sector privado, las ventas externas ya acumulan pérdidas cercanas a los 700 millones de dólares, afectando especialmente a industrias, productores agrícolas y pequeñas empresas vinculadas al comercio regional.
A su vez, el economista e investigador Luis Fernando Romero Torrejón afirmó a Xinhua que el impacto de los bloqueos ya se refleja en variables sensibles como el crecimiento económico, el empleo, la inflación y el déficit fiscal.
“Cada día de bloqueo significa menos empleo, menos inversión y mayor incertidumbre para miles de familias bolivianas”, señaló el analista, quien advirtió que el deterioro económico también erosiona la credibilidad internacional del país.
Romero explicó que Bolivia tardará más de un año en recuperar parte de los daños económicos provocados por la crisis, aunque reconstruir la confianza de inversionistas y mercados internacionales podría demandar mucho más tiempo.
El especialista alertó además sobre el fuerte incremento del riesgo país, indicador que mide la confianza de los mercados financieros internacionales. Según detalló, Bolivia pasó de 378 puntos al inicio de mayo a 605 puntos tras las semanas de conflicto, ubicándose nuevamente entre los países más riesgosos para invertir en Sudamérica.
El deterioro ocurre en un momento particularmente sensible para la economía boliviana. A finales de abril, el estatal Instituto Nacional de Estadística informó que el país había experimentado una recuperación en ventas externas, alcanzado un superávit comercial de 1.268 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, luego de tres años consecutivos de déficits en la balanza comercial.
Sin embargo, empresarios y analistas consideran que la prolongación de las protestas amenaza con revertir rápidamente esa recuperación y profundizar la multicrisis que enfrenta Bolivia, marcada por tensiones políticas, desaceleración económica y creciente conflictividad social.
Las movilizaciones son impulsadas por organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos, sectores indígenas, maestros, mineros y juntas vecinales, que exigen la renuncia del mandatario y mayores respuestas frente al deterioro económico del país.
Mientras el Gobierno descarta dimitir y apuesta por restablecer la circulación en las carreteras, el costo económico de la confrontación comienza a expandirse más allá de las cifras macroeconómicas y golpea con fuerza a transportistas, comerciantes informales y miles de familias que dependen de la actividad diaria para subsistir.
En un país con antecedentes de conflictividad social, la actual crisis amenaza con dejar cicatrices más profundas con una economía debilitada, inversiones en pausa y una creciente percepción de fragilidad institucional.
