Allan Madriz | EP. La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), solicitan al Gobierno acciones inmediatas para implementar medidas que mitiguen la afectación del COVID-19.
Estos sectores aducen que han experimentado bajas en sus ventas de hasta un 80% en los últimos días; por cual están preocupados con el cumplimiento de compromisos financieros y fiscales así como los pagos de las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social que deben pagarse esta semana y no cuentan con la liquidez para hacerlo.
“Ante la medida tomada por parte del Ministerio de Salud Pública de cerrar los bares y limitar el foro al 50%, muchos de los propietarios reportan un problema de liquidez para cubrir planillas y demás obligaciones, por consiguiente, el personal en general de restaurantes y bares temen por sus trabajos y están preocupados por cómo cubrirán sus necesidades inmediatas post-cierre de sus negocios y baja dramáticas en ventas”, afirmó Clemencia Palomo, directora de Cacore.
Para los gremios, si la declaratoria de emergencia se mantiene hasta el 13 de abril o se amplía por el Poder Ejecutivo, la preocupación de este sector es conocer cómo se logrará cumplir con los pagos si los negocios permanecerán cerrados u operando por debajo de un 30% de su capacidad.
“Las directrices para disminuir el acceso de las personas a los centros comerciales y sitios de reunión pública, la suspensión de espectáculos y eventos masivos, son medidas que, pese a que, desde el punto de vista sanitario, son acertadas; se contraponen a los objetivos de reactivación económica, generación de empleo y reducción de la pobreza que tanto ha preocupado a estas cámaras y a los costarricenses”, señaló Julio Castilla, presidente de la CCRR.
El sector turismo es el más afectado con cero ingresos, y estiman que se prolongará por más de tres meses, y posteriormente la recuperación de ingresos será paulatinamente por un período de más de seis meses.
Eliminar los topes de salario minino para el cobro de cargas sociales, la aprobación del proyecto de jornadas flexibles, establecer un Fondo de Apoyo de al menos $500M al sector privado, adelantar la devolución del fondo de capitalización en estos próximos meses y no pagar las cuotas de las operaciones crediticias hasta seis meses posteriores a la terminación de la crisis sanitaria; son parte de las peticiones de estos gremios al Poder Ejecutivo.
Los sectores afectados reconocen los esfuerzos del gobierno proponiendo acciones para ayudarlos, pero consideran que no son suficientes, ya que en la gran mayoría de los casos las empresas están vendiendo cada vez menos.
