George Rodríguez EP. La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) expresó, este martes, apoyo al informe que, sobre el estado de las garantías fundamentales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un día antes.
Entre otras denuncias, la CIDH advirtió que, en el país centroamericano, se ha instalado, de hecho, lo que describió como un estado de excepción.
“Hacemos propio el informe sobre violaciones a los derechos humanos que existe en Nicaragua dado a conocer ayer lunes17/06/19 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, escribió, en la red social Twitter, el secretario ejecutivo de la asociación, Álvaro Leiva, quien desde octubre de 2018 está asilado en Costa Rica.
Leiva aludió así al extenso documento dado a conocer por la comisión, durante la reunión que desarrolla en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami.
El informe aborda, entre otros temas, la eliminación de opciones democráticas, incluida la represión enfocada en medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil independientes.
Se trata de la “fase de cierre de espacios democráticos”, lo que evidencia la “instalación, de facto, de un estado de excepción”, que implica, entre otros actos de represión, un “ejercicio abusivo de la fuerza pública”, de acuerdo con lo indicado en el texto.
En materia de represión, durante el periodo cubierto por el informe –desde abril del año pasado, cuando estalló la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, hasta el mes pasado, la violencia antiopositora del régimen cobró 326 vidas, de acuerdo con los cálculos de la CIDH.
Otras estimaciones han ubicado ese total en algo más de 550 víctimas fatales.
El informe de la CIDH incluyó casi medio centenera de recomendaciones, entre generales y específicas, a las autoridades nicaragüenses.
Se trata de sugerencias tales como la de restablecer “la plena vigencia del Estado de derecho”, “garantizar el principio de independencia y separación de poderes públicos”, “poner en libertad a las personas que han sido detenidas de manera ilegal”.
Respecto al tercer punto, el informe fue divulgado un día antes de que se venciera, este martes, el plazo para el régimen orteguista pusiera en libertad a todos los presos políticos.
El plazo fue acordado el 27 de marzo, en el marco de la negociación entre el gobierno y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) –complejo diálogo actualmente estancado-.
Sobre ese tema, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) –como se autodefine el régimen nicaragüense- declaró, la mañana de este martes, que cumplió, en el tiempo previsto, con la liberación de todos los presos políticos del país centroamericano.
Ello, en el marco de lo acordado en el proceso negociador, y según lo establecido en la recientemente aprobada Ley de Amnistía, indicó, en una Nota de Prensa.
“Al alcanzar la fecha comprometida por el Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, todas esas Personas gozan de Libertad, con el Compromiso de No Repetición, según lo estipulado en la Ley de Amnistía No. 996”, indicó el GRUN, en una Nota de Prensa.
El texto de siete puntos aludió, así, al tercero de los cuatro artículos de la Ley de Amnistía, que, aprobada el 8 de junio por la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-, condiciona su aplicación, al principio de no repetición.
“Las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, indica, además de advertir, a continuación, que “la inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.
De acuerdo con lo planteado en la Nota de Prensa de este martes, la liberación de algo más de un centenar de presos políticos, como resultado de las excarcelaciones llevadas a cabo los días 10 y 11 de junio, significan que el régimen cumplió con la puesta en libertad de todos los opresos políticos acordada con la ACJD.
Sin embargo, sectores de oposición, en Nicaragua y en el exilio, rechazaron la afirmación del régimen, al denunciar que no todos los presos políticos están libres, y que no se ha resuelto la situación jurídica de los algo más de trescientos quienes pasaron –de febrero a mayo-, del régimen de prisión en centros de detención, al de “convivencia familiar” –casa por cárcel-.
Nicaragua es, desde el 18 de abril de 2018, escenario de una violenta crisis sociopolítica que se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, la que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
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