La Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó una denuncia formal ante la Auditoría Interna para que se investigue a un funcionario que pudo mantenerse en planilla y eventualmente recibir remuneraciones durante un prolongado período en el que, según los antecedentes institucionales disponibles, no constaba ante su jefatura documentación de incapacidades posterior al 30 de septiembre de 2025.
El aspecto que genera mayor preocupación al sindicato es que, según el propio informe utilizado como antecedente institucional, la consulta documentada a Capital Humano para comprobar las incapacidades del funcionario aparece realizada hasta el 21 de mayo de 2026, casi ocho meses después de la última incapacidad que figuraba registrada.
“La ANEP considera que el caso no puede reducirse únicamente a determinar la responsabilidad del funcionario involucrado ¿Cómo funcionaron las jefaturas, el control de asistencia, Capital Humano y Planillas durante todos esos meses? Para la ANEP, tratándose de dinero público, resulta indispensable explicar cómo una eventual irregularidad de esta naturaleza pudo prolongarse durante meses sin ser detectada o corregida oportunamente por los mecanismos ordinarios de control institucional”, señalaron.
La organización sindical solicitó reconstruir la cadena completa de decisiones y controles para determinar quién conocía la situación, desde cuándo la conocía, quién tenía la obligación de verificarla y qué funcionarios o dependencias permitieron que los pagos continuaran, en caso de comprobarse que efectivamente existieron remuneraciones sin causa jurídica suficiente. Asimismo, piden además establecer cuál fue el último salario pagado, quién autorizó o ejecutó los movimientos de planilla y si existió una afectación al patrimonio público.
La organización también solicita determinar si se trató de una situación aislada o si el caso evidencia una falla estructural en los controles de asistencia, incapacidades y pago de remuneraciones del AyA.
“Aquí no basta con preguntarse qué hizo o dejó de hacer un funcionario. También debe investigarse quién debía controlar, quién debía verificar y cómo fue posible que una situación relacionada con recursos públicos pudiera mantenerse durante tantos meses sin una respuesta institucional oportuna”, finalizó la seccional ANEP-AyA.
Hasta el momento, ni Lourdes Saurez, presidenta ejecutiva del AyA, ni el Departamento de Comunicación de dicha institución se han pronunciado sobre el señalamiento del sindicato.
