George Rodríguez EP. Si Estados Unidos, efectivamente, lleva el caso de la violenta crisis sociopolítica que convulsiona a Nicaragua, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ello implicaría mayor presión internacional sobre el gobierno de ese país para lograr el adelanto de las elecciones exigido por la oposición, plantearon, en declaraciones difundidas este sábado, dos analistas políticos y diplomáticos locales.
El ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa y el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos Carlos Tünnermann advirtieron sobre la posibilidad de que, si el caso es llevado a esa instancia, un resultado sea la imposición de sanciones económicas y políticas al gobierno del presidente de ese país, Daniel Ortega.
Ambos formularon declaraciones luego de que, durante una reciente visita a Colombia, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, expresó que “estamos intentando que haya una reunión del Consejo de Seguridad, sobre Nicaragua”.
Los expertos indicaron que las resoluciones de ese cuerpo son de acatamiento obligatorio, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, en el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que decidió crear un grupo de trabajo para que aporte a solucionar la crisis nicaragüense pero el gobierno de Ortega advirtió que no autorizaría su ingreso al país.
Al definir a Haley como uno de los funcionarios más influyentes en materia internacional en la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, el ex canciller nicaragüense dijo que, con la presentación del caso en Naciones Unidas, se generaría mayor presión internacional para adelantar las elecciones, programadas, en principio, para 2021.
Según Aguirre, “en el fondo, se quiere ampliar la constelación de países que estarían pronunciándose sobre la situación de Nicaragua”.
En opinión del ex ministro, el caso adquiriría, así, dimensión global, lo que facilitaría la aplicación de sanciones.
“Pasaría, de ser un tema hemisférico, a un asunto mundial. En el caso de que se llevase el caso podrían decidir imponerle sanciones internacionales económicas y políticas al gobierno de Daniel Ortega”, vaticinó.
En ese sentido, Tünnermann, también ex ministro de Educación quien además es catedrático e integrante de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que cualquier resolución del consejo de seguridad sería ineludible para el gobierno de Ortega.
“Éstas no se pueden eludir, porque son de obligatorio cumplimiento”, subrayó el ex embajador, y agregó, de inmediato, que “ahí no se puede estar alegando asuntos de soberanía e injerencismo”.
Tünnermann aludió así al argumento central del gobierno nicaragüense para desconocer, como acto injerencista, la creación, el 2 de agostos, del Grupo de Trabajo para Nicaragua.
Constituido por resolución mayoritaria del Consejo Permanente de la OEA, el grupo tiene el mandato de aportar a la búsqueda de solución pacífica a la crisis que hace más de tres meses golpea a ese país centroamericano.
La dramática situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decretó, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora.
