Detrás de la propaganda publicitaria de Nayib Bukele se esconde una farsa sangrienta: más de 540 personas han muerto bajo custodia del Estado en las cárceles salvadoreñas, sin haber sido condenadas ni contar con un juicio justo.
Lo que el régimen vende al mundo como una paz ejemplar es en realidad una tiranía erigida sobre la tortura, la represión masiva y la eliminación del debido proceso.
Desde marzo de 2022, el “régimen de excepción” instauró la ley del terror, donde basta una simple sospecha, una denuncia anónima o el solo hecho de ser joven en un barrio pobre para ser encarcelado.
Sin orden judicial ni pruebas, más de 90.000 personas han sido apresadas arbitrariamente, sepultadas en la incomunicación y expuestas a la arbitrariedad de un Estado sin límites.
La violencia dentro del sistema presidio es atroz: los informes denuncian cadáveres devueltos a sus familias con huellas innegables de estrangulamiento, golpes contundentes y desnutrición severa.
Pese al horror, la impunidad es absoluta. Una sola de estas muertes ha sido investigada por un aparato judicial cooptado que solo actúa para encubrir los abusos de la cúpula gubernamental.
Organismos internacionales advierten que las detenciones arbitrarias por sospecha, las desapariciones temporales y las muertes en prisión constituyen crímenes de lesa humanidad.
El Salvador no vive en paz; vive aplastado por una dictadura moderna que utiliza el miedo para perpetuarse en el poder y disfraza la barbarie con el uniforme de la justicia.
La asfixia a la prensa y la cacería de voces críticas
El monopolio del poder no se limita a las prisiones; se extiende como un manto de censura y persecución contra todo aquel que intente fiscalizar al régimen.
Periodistas independientes, defensores de derechos humanos y líderes sociales enfrentan un acoso sistemático diseñado para silenciarlos.
Medios de investigación emblemáticos como El Faro, Revista Factum y Gato Encerrado han sido calificados arbitrariamente como “enemigos” y “opositores”, sometidos a espionaje masivo, asfixia financiera, auditorías fiscales irregulares e investigaciones judiciales exprés.
El hostigamiento estatal y la amenaza inminente de arresto han obligado a decenas de comunicadores y redactores al exilio forzado, reubicando redacciones enteras fuera del país para evitar la cárcel.
Criminalización social y el reinado del miedo fascista
La disidencia comunitaria y el activismo social también han sido declarados objetivos de guerra. Defensores del medio ambiente, líderes sindicales y jefes de organizaciones históricas como Cristosal han sufrido el cierre de sus sedes, el congelamiento de bienes y la detención de sus integrantes bajo acusaciones prefabricadas.
Al desmantelar cualquier contrapeso institucional e imponer leyes punitivas contra la financiación internacional, el régimen promueve una dinámica de intimidación donde criticar la gestión pública equivale a alinearse con la delincuencia.
En las calles salvadoreñas se ha instalado un silencio sofocante, característico de las autocracias fascistas.
El miedo a la delación anónima, la omnipresencia de patrullas militares y el temor a convertirse en una cifra más dentro de las listas de desaparecidos o muertos en prisión han anulado la protesta social.
Bajo la estética del orden y el control algorítmico, El Salvador no experimenta libertad, sino una sumisión infundida por el terror estatal, donde la población ha aprendido que disentir puede costar la vida sin dejar rastro de justicia.
El análisis sobre el acoso a la prensa en El Salvador y la persecución a sus periodistas resulta esclarecedor para comprender cómo la retórica de un régimen afecta el trabajo de investigación.
Para complementar esta lectura y profundizar en el impacto del acoso judicial a la prensa en la región, Director de El Faro: El acoso a la prensa es generalizado ofrece una mirada analítica sobre las dinámicas de censura, la estigmatización desde el poder y los desafíos de ejercer el periodismo bajo regímenes autoritarios.
