George Rodríguez EP. Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Nicaragua no constituyen un acto intervencionista sino que marcan la respuesta internacional a la represión antiopositora que registra el país centroamericano, advirtió este miércoles la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
En el contexto de sanciones sumadas al aislamiento internacional en se encuentra el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el diálogo es la única vía de salida a la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses golpea a Nicaragua, según lo planteado por la agrupación, en un comunicado.
La responsabilidad de que Estados Unidos haya aprobado, el martes, tres tipos de sanción es exclusiva de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, precisó la alianza multisectorial que toma su nombre de los colores nacionales de Nicaragua.
Se trata de una Orden Ejecutiva –firmada por el presidente Donald Trump, declarando emergencia nacional ante la crisis nicaragüense-, una sanción económica impuesta, a Murillo, por el Departamento del Tesoro, y la aprobación, por el Senado, de una ley que castiga la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“Ante las sanciones anunciadas por los Estados Unidos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera que los responsables de estas acciones son Ortega y Murillo”, indicó la organización.
La represión antiopositora ha generado exhortaciones de la comunidad internacional a la búsqueda de solución, las que han sido sistemáticamente ignoradas por la pareja gobernante, señaló.
“La reacción internacional tiene su origen en la desmedida represión gubernamental que lleva más de 400 muertos, casi 600 presos políticos, detenciones arbitrarias y más de mil heridos”, pero, “ante los reiterados llamados de los países del mundo a buscar una solución dialogada a la crisis, el régimen ha respondido con más represión y supresión de derechos”, denunció.
Las medidas estadounidenses, conjuntamente con el aislamiento que, a nivel internacional, enfrenta la administración de Ortega, ponen de manifiesto la necesidad de que la crisis sea resuelta por la vía del diálogo, planteó la alianza, en el comunicado que tituló “Ante sanciones y aislamiento internacional el diálogo es el camino”.
“Creemos que la solución a la crisis está en los nicaragüenses y debe ser cívica y pacífica. Insistimos que la única vía para una solución es el Diálogo Nacional, con garantes internacionales como lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Esperamos que las funestas consecuencias del aislamiento internacional que sufrirá Nicaragua haga reflexionar a los gobernantes para que, deponiendo sus egoísmos personales, piensen en la patria y se reinstale a la brevedad posible el diálogo”, expresó.
La alianza hizo así referencia al Diálogo Nacional instalado a mediados de mayo, a iniciativa gubernamental y con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, en procura de solución negociada a la crisis.
Las irreconciliables posiciones de ambas partes –gobierno y oposición- determinaron, un mes después, la suspensión de las conversaciones, situación que persiste.
Las sanciones se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses golpea a Nicaragua.
Estallada el 18 de abril, la dramática situación presenta, hasta ahora, saldo de por lo menos 545 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, lo mismo que de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
