George Rodríguez EP. La misión de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Nicaragua ve obstaculizado su trabajo, a causa de complejos trámites que les impone el gobierno, denunció, en declaraciones publicadas este martes, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Se trata del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que opera en el marco de la Cisión Interamericana de Derechos Human os (CIDH), debe cumplir una engorrosa tramitación en la cancillería nicaragüense, aseguró Núñez.
“A mí me parece un contrasentido”, ya que el gobierno “sabía que les daban esa autorización para que vinieran a hacer investigaciones y realizar las actividades (…) como mecanismo especial de la CIDH”, planteó la activista, quien ayer participó en una reunión a la que asistieron representantes de la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), así como de organizaciones locales de derechos humanos.
Núñez dijo que el diálogo entre las organizaciones sirvió para agilizar el vínculo común.
Durante la reunión, “afinamos mecanismos de coordinación para buscar cómo la relación con ellos sea más efectiva tanto para nosotros en función de las víctimas, como para ellos que están haciendo todo un esfuerzo por las limitaciones de carácter económico, las limitaciones de personal con que cuentan, sobre todo sorteando los obstáculos que el Gobierno les pone para todo, les exige que les tiene que pedir permiso”, relató.
Las declaraciones de Núñez fueron conocidas un día después de que, en entrevista con la red rusa de televisión RT, el presi8dente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no permitirá la llegada del Grupo de Trabajo para Nicaragua, creado recientemente por la OEA para aportar a la búsqueda de solución pacífica a la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses afecta a ese país.
La presidenta del Cenidh indicó que, en ese encuentro de entidades defensoras de los derechos humanos, también se abordó la escalada de violaciones a las garantías fundamentales en el contexto de la represión gubernamental –esencialmente policial y parapolicial- contra las masivas manifestaciones y otras expresiones populares de oposición.
“Les explicamos la preocupación en general, los ribetes gravísimos que está tomando la lucha, la situación, porque ya no se trata solamente de reprimir manifestaciones, ahora hay un sistema de contramarcha que representa riesgo”, dijo.
Núñez aludió así a manifestaciones organizadas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en apoyo a la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en algunos casos simultáneas a marchas opositoras.
Por su parte, en materia de diversificación de mecanismos antiopositores, Juanita Jiménez, dirigente de la organización local Iniciativa de Defensoras, informó que, en participaciones durante la reunión, los activistas nicaragüenses denunciaron lo que describieron como una nueva etapa de represión: la criminalización y la judicialización de la protesta.
Participantes en manifestaciones opositoras son acusados, en un contexto de tipificación arbitraria de delitos, “generalidades de señalamiento o responsabilidades, donde no hay garantía al debido proceso”, señaló Jiménez.
Los centenares de detenidos, a quienes describió como presos políticos, son sometidos a violaciones a las garantías fundamentales, incluida la tortura, aseguró.
“Nosotras, más bien hemos expresado con preocupación el tema de los presos políticos”, el que constituye “un elemento de alta violación de derechos humanos”, dado que “hay información de sus familiares, o de otros reos, que están siendo torturados”, denunció.
La activista señaló, asimismo, que numerosas personas permanecen detenidas sin que se les haya tipificado delito alguno, lo que se considera como “desapariciones forzosas”.
En ese sentido, dirigentes de la nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunciaron en declaraciones conocidas, también este martes, el agravamiento de la persecución antiopositora mediante la judicialización de manifestantes antigubernamentales a quienes se tipifica delitos tales como terrorismo y criminalidad organizada.
La comisión recibió, solamente en las pasadas dos semanas, aproximadamente 250 denuncias en el sentido de que participantes en las masivas manifestaciones contra el gobierno de Ortega enfrentan juicios por cargos tales como terrorismo, criminalidad organizada, extorsión, homicidio, secuestro, indicaron.
Según la CPDH, la criminalización y la judicialización de la protesta se ha intensificado luego de la aprobación, el 16 de julio, por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) –de mayoría oficialista-, de la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Según activistas de derechos humanos, las más de cien personas detenidas bajo cargos de terrorismo, tras haber participado en manifestaciones opositoras, han confirmado las advertencias iniciales en el sentido de que la nueva ley es un instrumento facilitador de la criminalización de la protesta opositora pacífica y del trabajo de los defensores de derechos humanos.
Estallada el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que incluía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis sociopolítica nicaragüense ha cobrado casi 450 vidas, además de haber generado más de 2000 heridos, detenidos, desaparecidos, así como fuerte daño a la economía nacional.
Retirado el decreto, la masiva protesta pasó a centrarse en la exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, demanda que la pareja gobernante se ha negado a escuchar y a la que ha respondido con represión.
