El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, acudió ante los congresistas de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico a exponer la difícil situación que enfrentan en los centros penitenciarios del país, tanto oficiales como detenidos, así como la disponibilidad de recursos, la situación del monitoreo electrónico y otra serie de detalles propios de su cartera.
Campos acudió acompañado por Exleine Sánchez, Sergio Sevilla y Carolina Castro, viceministros; Juan Carlos Arias, director de Adaptación Social; y Ericka Madriz, directora de la Policía Penitenciaria, quienes proporcionaron amplios detalles sobre las diversas áreas que se cobijan bajo la sombrilla de Justicia y Paz.
Con relación al monitoreo electrónico, el funcionario detalló que, en lo que va del año, hicieron 429 visitas a usuarios de este beneficio y a 73 de ellos no los encontraron. «Este beneficio debería ser para adultos mayores, detenidos por pensiones alimenticias o por delitos menores, pero no para todos los delitos».
Especificó, que el problema consiste en que se creó una oficina de monitoreo electrónico sin los recursos necesarios para la compra de equipo y contratación de personal y calificó como “botar la plata”, los $13 que se paga por cada beneficiario de este servicio.
De acuerdo con el ministro, la capacidad instalada que tiene el sistema penitenciario es de 13.827 espacios y actualmente se tiene en prisión 14.754 personas por lo que la sobrepoblación es de 6.7% que no parece ser mucho en comparación con años anteriores, pero la distribución no es pareja por lo que hay 7 u 8 centros que se encuentran colapsados.
La parlamentaria de Nueva República, Gloria Navas, aseguró que la situación del hacinamiento en los centros penitenciarios es algo de larga data.
La policía penitenciaria cuenta con 3.787 efectivos que deben ser divididos en 4 grupos, por lo que en términos generales se dispone de un policía por cada 16 privados de libertad, lo que no es suficiente pues se dificulta proporcionar contención y seguridad.
«Los policías penitenciarios, prácticamente están encarcelados junto con los retenidos, ya que permanecen durante siete días seguidos dentro de las instalaciones, sin comunicación con sus familias, en condiciones laborales que dan pena y con salarios con los que no me imagino cómo pueden sobrevivir», dijo Campos.
En el tema de las estafas desde los centros penitenciarios, aseguró que fue una sorpresa descubrir que, en la Ley General de Telecomunicaciones, se le dio la autoridad del bloqueo de las señales telefónicas a las propias operadoras y por ello, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, prácticamente dicho bloqueo no existe.
«Se tienen identificadas 70 bandas de crimen organizado, las cuales trabajan desde los centros penitenciarios, por lo que se hace indispensable dar la contención necesaria», agregó el jerarca.
El Ministerio cuenta con un presupuesto de ₡199 mil millones, de los cuales el 66% se va en remuneraciones, mientras que ₡42 mil millones se invierten en gastos de operaciones, pero las limitaciones presupuestarias impiden que se pueda hacer más de lo que ya se hace.
Explicó también, que el mayor problema que enfrenta el ministerio es la regla fiscal, pues, aunque se le diera un cheque con todo el dinero que requiere, este no se podría utilizar, pues el mismo Estado “que pide cumplimiento” es el que limita el accionar.
