Steven Garita
Durante el primer semestre del 2022, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en reportó 263 movimientos de dineros sospechosos por lavado de dinero ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entre enero y junio del presente año recibieron 347 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por un monto total de $383 millones, el 75,8% de ellos vinieron de los mismos bancos.
Asimismo, la directora ejecutiva de la ABC, Isabel Cortés afirmó que los bancos trabajan de forma permanente para combatir financiamientos ilícitos.
“El Sistema Bancario Nacional trabaja de manera permanente en este tema de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, no solo realizando responsablemente los reportes que corresponde ante el ICD, sino que procuramos que los funcionarios bancarios estén al día en materia regulatoria, de mejores prácticas de prevención y modos de operación de las bandas organizadas”.
¿Cuándo una operación bancaria se considera sospechosa?
Según la ABC, una operación es sospechosa cuando no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada.
Por otra parte, el informe también revela que, entre las actividades mayormente reportadas se encuentran: servicios administrativos, administración financiera, venta de automóviles, comercialización de textiles y calzado, construcción de carreteras y autopistas, alquileres, agentes inmobiliarios, actividades de programación informática y consultorías profesionales transporte entre otras.
Estas, a su vez proceden mayoritariamente de costarricenses con domicilio en San José, aunque también hay ciudadanos de Nicaragua, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
Cortés, añadió que “en la Asociación Bancaria consideramos que todos los sectores, en especial los no financieros, debemos asumir un compromiso serio de trabajar articuladamente con las autoridades, para que las estrategias de prevención y control que se proponen sean realmente efectivas y contribuyan a que como país cumplamos con los lineamientos que sobre esta materia tienen los organismos internacionales”.
