Las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) suscribieron un acuerdo con sindicatos y distintos colectivos sociales para defender a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), avanzar progresivamente al 8% de educación, no apoyar el Acuerdo Transpacífico y revisar la vigente regla fiscal.
En una actividad celebrada en el Salón de Expresidentes del Congreso, las jefaturas de fracción (Álvaro Ramírez, Claudia Dobles y José María Villalta) firmaron el “Pacto Patriótico Costarricense” impulsado por la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases), integrada organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas y movimientos sociales.
Entre los principales acuerdos contenidos en el Pacto destaca la defensa irrestricta del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la plena vigencia de los derechos fundamentales.
En materia de seguridad ciudadana, las organizaciones y diputaciones acordaron respaldar el combate frontal contra el crimen organizado, fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública, el Ministerio Público y demás cuerpos policiales, así como impulsar una profunda transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con mayores controles democráticos y rendición de cuentas.
Uno de los ejes centrales del pacto es la defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el impulso de un plan de pago de la deuda estatal, la reducción de listas de espera, la atención de la crisis por escasez de especialistas y el respeto pleno a la autonomía institucional. Asimismo, se plantea un abordaje integral de la salud mental tanto en el sistema de salud como en el educativo.
En el pacto, también destaca, la defensa de instituciones fundamentales como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), Banco de Costa Rica (BCR) y las universidades públicas
Las partes firmantes también acordaron avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, fortaleciendo desde la primera infancia hasta las universidades públicas, además de garantizar la estabilidad laboral del personal docente, técnico-docente y administrativo.
El Pacto incorpora además importantes compromisos en materia ambiental, entre ellos el fortalecimiento de los guardaparques, la protección de los recursos naturales, la defensa del agua como derecho humano, el respaldo a las Asadas, el mantenimiento de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la promoción de políticas sostenibles para la gestión integral de residuos bajo principios de economía circular.
En el ámbito social y de Derechos Humanos, las organizaciones acordaron impulsar la implementación del Convenio 190 de la OIT, avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, fortalecer la protección de las mujeres, la niñez, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, así como garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la comunidad LGBTIQ+.
Asimismo, el pacto establece una firme defensa de la producción nacional y de la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento del sector agropecuario, mejores condiciones de financiamiento, controles fitosanitarios efectivos y la oposición a iniciativas comerciales que puedan afectar la soberanía alimentaria del país.
