La diputada oficialista Marta Esquivel presentó un proyecto de ley que propone trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir y destituir al fiscal general de la República, una reforma que modificaría sustancialmente el diseño institucional del Ministerio Público y que reabre el debate sobre la posible politización de uno de los cargos más relevantes del sistema judicial costarricense.
La iniciativa, presentada a la corriente legislativa bajo el expediente 25.634, plantea reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para retirar a la Corte Suprema de Justicia la competencia de nombrar al fiscal general y transferir esa atribución al Congreso. Además, los diputados también tendrían la facultad de remover a la persona que ocupe el cargo.
Actualmente, el fiscal general es designado por la Corte Plena, integrada por los magistrados propietarios del Poder Judicial, mediante un procedimiento que incluye la valoración de requisitos técnicos, experiencia profesional e idoneidad. Con la propuesta de Esquivel, el nombramiento quedaría en manos de los 57 diputados, quienes votarían por el candidato seleccionado tras un proceso realizado dentro de la propia Asamblea Legislativa.
La iniciativa establece que la Comisión de Nombramientos del Congreso sería la encargada de recibir postulaciones, evaluar atestados, realizar entrevistas y recomendar candidatos al plenario legislativo, donde finalmente se tomaría la decisión mediante una votación de mayoría calificada.
El proyecto también faculta a la Asamblea Legislativa para destituir al fiscal general por causales como incumplimiento grave de deberes, faltas a la probidad, condenas penales firmes, actos de corrupción comprobados o incluso por un bajo desempeño reiterado, determinado a partir del rechazo de informes anuales de gestión.
La reforma implicaría un cambio profundo en el modelo actual, ya que trasladaría al ámbito político una competencia que históricamente ha permanecido dentro del Poder Judicial. Aunque la propuesta sostiene que el objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, el cambio abriría la puerta a que el nombramiento y la permanencia del fiscal general dependan directamente de las mayorías legislativas y de las negociaciones políticas entre fracciones parlamentarias.
En la exposición de motivos, Esquivel argumenta que el sistema vigente presenta limitaciones en términos de control democrático y escrutinio ciudadano. Según la legisladora, la elección parlamentaria permitiría un proceso más transparente y sujeto a una mayor supervisión pública.
Sin embargo, la propuesta surge en medio de un contexto político particularmente sensible, debido a que el período del actual fiscal general, Carlo Díaz, concluye en noviembre próximo. De aprobarse la reforma antes de esa fecha, correspondería a la actual Asamblea Legislativa asumir la designación de quien dirigiría el Ministerio Público durante los próximos años.
La iniciativa también obligaría al fiscal general a comparecer periódicamente ante la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre indicadores de gestión, investigaciones relacionadas con corrupción pública, ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas institucionales.
Asimismo, el proyecto impediría que quien haya ejercido el cargo de fiscal general pueda aspirar a puestos de elección popular o asumir cargos ministeriales durante los dos años posteriores a dejar el puesto, una medida que, según la diputada, busca fortalecer la independencia y neutralidad política del cargo.
