Allan Madriz | EP. El el proyecto “Ley Reguladora de las Actividades de Lobby en la Administración Pública”, que establece los mecanismos de publicidad a que deben sujetarse los funcionarios públicos en posición de poder, sean electos o no, fue dictaminado de manera afirmativa por la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Asamblea Legislativa.
El expediente 21.346, impulsado por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, contempla una serie de obligaciones que deben cumplir tanto los sujetos activos o “Lobista”, como los funcionario públicos o sujeto pasivo que interactúa con él.
“La propuesta busca en general hacer más transparentes los encuentros y reuniones que tenemos los funcionarios públicos con las personas que solicitan una audiencia y que tienen como finalidad promover los intereses que representan e influir de alguna forma, en la toma de decisiones acerca de políticas públicas o de cualquier otro asunto de interés”, indicó Solís.
En el caso del “Lobista”, deberá brindar información referente al motivo por la que solicita la reunión con el funcionario y ello incluye los datos acerca de la persona física, jurídica, nacional o internacional que en ese momento representa.
Mientras que los funcionarios tienen la obligación de designar a un responsable al interior de su Despacho para llevar el “Registro de Agenda Pública” del funcionario. En este Registro consignará el nombre de los lobistas así como de las reuniones y temas que tratará en cada uno de los encuentros con los funcionarios.
“Mi proyecto busca transparentar los procesos de toma de decisiones en todos los niveles y Poderes del Estado y lo propuse porque soy defensora del Parlamento y el Gobierno Abierto, considero que la ciudadanía merece conocer, a qué influencias son sometidas las decisiones de quienes los gobierna”, agregó la socialcristiana.
Presidencia, vicepresidencias de la República, ministros, viceministros de gobierno, magistrados de la Corte Plena, diputados de la Asamblea Legislativa, magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, presidencias ejecutivas de instituciones autónomas y semi autónomas, Banco Central y Gobiernos Locales; son parte de los funcionarios que estarían contemplados en la propuesta legislativa.
