Allan Madriz | EP. Este jueves se presentó el proyecto “Ley General de Contratación Pública” que reformaría de manera integral la Ley de Contratación Administrativa, vigente desde 1996, con la finalidad de promover la “transparencia, eficiencia en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios del Estado”.
El expediente N° 21.546 es una propuesta integral de varios diputados de la Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República y actores públicos y privados, que participaron durante varios meses en mesas de trabajos, para la formulación de esta propuesta.
La iniciativa fue dada a conocer en la Asamblea Legislativa por los diputados Ana Lucía Delgado y Jorge Fonseca (PLN), Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Carolina Hidalgo (PAC) y Erick Rodríguez (independiente), mediante una conferencia de prensa en la que participaron autoridades de la Contraloría, incluyendo a la Contralora General, Marta Acosta.
“La nueva propuesta además de reintegrar bajo un único régimen a todas las administraciones contratantes, potencia la utilización de los procedimientos ordinarios, mediante la simplificación de los procedimientos, la depuración del número de excepciones y el ajuste en los requisitos”, indicó la diputada del PLN, Ana Lucía Delgado.
La liberacionista indicó este martes que solicitarían al Presidente Carlos Alvarado que el proyecto sea convocado al periodo de sesiones extraordinarias de este mes de agosto. Asimismo, se solicitará al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, la creación de una comisión especial, para acelerar el trámite de la propuesta en la Asamblea Legislativa.
Al consultar a la Contralora General sobre la relevancia de esta propuesta y los principales puntos a destacar, la jerarca señaló tres cambios fundamentales.
“Para mí hay dos temas, se refuerza la planificación, porque la Ley actual está enfocada en el proceso de contratación, todo lo previo que es la planificación nunca estuvo contemplado… El otro es el tema de la simplificación de trámites, que eso nos lleva a mayor agilidad y mayor eficiencia. Hay uno tercero que no es menos importante, que es el tema de la transparencia”, manifestó Acosta.
La jearca también destacó las multas que plantea el proyecto, debido a que actualmente hay muchos recursos ante la Contraloría y ante la Administración, que no necesariamente están bien sustentados, lo que permite contener apelaciones en estos casos.
Para el diputado Pablo Heriberto Abarca, esta es una reforma urgente para erradicar las malas prácticas en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa.
“Actualizar la ley garantizará transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Es necesario contar con reglas claras, tanto para el sector público como para el sector privado, sanciones ante incumplimientos y que se agilicen de una vez por todas los procesos de compras del Estado”, indicó el socialcristiano.
Por su parte, la diputada oficialista Carolina Hidalgo, destacó que el proyecto cumple con los principios del Estado Abierto y que se enmarca dentro de la agenda de la inclusión del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras que para el independiente Rodríguez Steller, la propuesta es urgente y pionera, en la búsqueda de transparentar y simplificar la contratación administrativa pública.
Cambios Propuestos
Una misma ley de compras para toda la Administración Pública, centralizar en el proceso de la planificación, promover la contratación pública estratégica, simplificación de procedimientos, fomentar la transparencia y regular el marco ético; son parte de los cambios que plantea el proyecto.
Asimismo, se incorporan normas para potenciar el desarrollo económico de algunos sectores vulnerables y de pymes y se potencia la implementación de criterios sustentables en compras públicas.
Otro de los elementos destacados, es la incorporación de multas que van desde el 0.5% al 1% del monto del umbral de la licitación mayor o menor por la presentación de recursos ante la Contraloría o administración por actuación temeraria, mala fe y abusos de derechos procedimentales.
En el proyecto no solo se definen normas exclusivas según la tipología de los contratos, sino que también se crea una Rectoría en el Poder Ejecutivo en materia de compras con potestad Nacional. Además se elimina la figura de contratación directa y se regulan únicamente dos procedimientos ordinarios, licitación mayor y licitación menor.
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