Allan Madriz | EP. El análisis que realizan diputados de la comisión especial legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), ha provocado la tensión con los representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Este martes compareció en dicho órgano legislativo el Procurador General de la República, Julio Jurado Fernández, para referirse al FEES. Al ser consultado sobre si se puede variar el presupuesto del Fondo, concluyó que de acuerdo al artículo constitucional, la Asamblea Legislativa no podría modificar lo que acuerden el Poder Ejecutivo y las universidades a la hora de establecer el monto, de acuerdo a lo que establece la norma constitucional.
Estas manifestaciones del Procurador, dieron pie para que el Conare emitiera un comunicado donde titula: “Diputados pretenden modificar la Constitución en perjuicio de la educación superior pública”.
“La mayoría de diputados de la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), afirmó ayer que pretenden una modificación de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, lo cual sometería la educación superior a los intereses de los legisladores de turno y de los grupos interesados en el debilitamiento de la educación universitaria pública, con esta decisión algunos diputados pretenderían tomar decisiones sobre el monto, el destino y la administración de los fondos del FEES”, señala dicha nota.
Según Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de Conare, las afirmaciones de Jurado respaldan las acciones legales que han tenido que tomar las universidades frente a decisiones que “violentan la Constitución Política”.
“Las normas constitucionales son claras y protegen a la educación superior de intereses políticos; le permiten a nuestro país garantizar inclusión, equidad y universalidad en el acceso a la educación pública”, indicó el presidente de Conare.
Conare señaló a las diputadas Xiomara Rodríguez (PRN) y Yorleny León (PLN), y los diputados Pablo Abarca (PUSC), Erick Rodríguez (independiente) y Wagner Jiménez (PLN), por cuestionar la transparencia con que las Universidades Públicas manejan dichos recursos.
Para Conare, es preocupante que la comisión legislativa que estudia el FEES “emita criterios anticipados” y busque desde ahora modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, sin haber concluido los procesos de audiencia y análisis para emitir recomendaciones y sin siquiera haber escuchado aún a las Federaciones de Estudiantes, a las Vicerrectorías, a los Consejos Universitarios o a los mismos rectores.
Respuesta de los diputados Liberacionistas a Conare
Los diputados del PLN que son parte de la comisión legislativa (Wagner Jiménez y Yorleny León) respondieron mediante un comunicado y señalaron que es incorrecto la afirmación de que se pretenda debilitar a la educación superior pública.
“El país ha pedido austeridad a los gobernantes y a las autoridades que administran y resguardan recursos públicos, y en ese tanto, atendiendo esa exigencia, hemos visto la necesidad de analizar, revisar y cuestionar algunos gastos en los que incurren las universidades públicas. Tal fue el caso de los casi 8.700 millones de colones inicialmente destinados a la construcción de la denominada Plaza de la Diversidad y de la Casa Estudiantil en la Universidad Nacional”, señala la nota de los liberacionistas.
De igual manera recordaron el cuestionamiento que se ha realizado a “políticas privilegiadas” de las Universidades Públicas, como de “salarios y pensiones millonarias”.
Para los liberacionistas, las manifestaciones del Procurador General sobre las potestades de los diputados son “polémicas y rebatibles, no son la última palabra ni son, en este caso, vinculantes”.
“Los rectores y Conare deben valorar con seriedad y responsabilidad patriótica, los gastos millonarios en que incurren las universidades por concepto de salarios y obras de infraestructura no esenciales como plazas conmemorativas”, añade el comunicado.
Los diputados del PLN sostienen que tienen la “potestad y responsabilidad” de hacer control político sobre el quehacer de toda la administración pública, sugerir los cambios cuando sea oportuno, y “legislar con apego al ordenamiento jurídico”.
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