Elvis Martínez. El gerente del Banco Nacional, Fernando Naranjo, presentó su renuncia a la Junta Directiva de esa entidad, luego que la Contraloría General de la República (CGR) denunciara una serie de irregularidades en el otorgamiento de incentivos millonarios a trabajadores y gerentes de los bancos del sector público. Según la Contraloría, entre el 2006 y 2012 los costos de esos incentivos ha llegado a representar un 23% de las suma de utilidades netas, es decir más de 99 mil millones de colones.
La renuncia de Naranjo se hará efectiva el próximo primero de marzo,informó la Junta Directiva del Banco Nacional.
“El Sr. Naranjo presentó hoy con satisfacción el Informe de Resultados 2014 ante la Junta Directiva General, donde destacan los excelentes indicadores que reafirman la salud y la solidez de la entidad financiera”, manifestó la Junta Directiva y aclaró que la renuncia no se da por el informe de la Contraloría.
Naranjo asumió la Gerencia del Banco Nacional en junio de 2010, desde entonces era cuestionado por el salario mensual que ganaba en la entidad. Sólo durante el 2013 ganó ¢215.379.390,85 en pagos, incentivos, viáticos y regalías, llegando a ganar, incluso, más que el presidente Barack Obama, según datos revelados durante campaña. El contrato de Naranjo vencía el 31 de mayo de 2018.
CGR cuestiona millonarios incentivos
La CGR valoró la razonabilidad de las políticas, la normativa establecida y los efectos sobre los costos operativos y utilidades de los bancos públicos (Banco Popular, Banco de Costa Rica y el Banco Nacional) que aplican el sistema de pago por incentivos a la productividad. En el informe, la entidad cuestiona la magnitud del costo total asumido por los bancos, lo cual al final se traduce en mayores costos para los usuarios.
Según el informe de la Contraloría tres de los cuatro bancos público han aplicado ese sistema. Entre el 2006 y 2012 los costos de esos incentivos representaron un 23% de las suma de utilidades netas, es decir más de 99 mil millones de colones en incentivos a trabajadores y gerentes.
Todo eso ha significado una subida en sus costos de operación y “ha desplazado esos recursos de otras opciones relacionadas con el giro del negocio o con una menor distribución de las utilidades que deben destinar a la micro, pequeña y mediana empresa o a distribuir a entidades como CONAPE, la Comisión Nacional de Emergencias, al Fondo de Pensiones de la CCSS o el INFOCOOP”.
La Contraloría reconoce que “tanto la valoración como las decisiones tomadas son responsabilidad exclusiva de la administración” bancaria.
“Estos esquemas de evaluación del desempeño con incentivos económicos, están amparados en la autonomía constitucional y legal que ostentan los bancos públicos comerciales, en un decreto presidencial que avala la aplicación de incentivos económicos asociados a la productividad y en un marco de normativa interna aprobado por sus juntas directivas…
“Sin embargo, no puede permanecer ajena al hecho de que en esta ocasión los medios instaurados han superado los fines y objetivos de la institucionalidad pública. Incluso en algunos casos los incentivos han sido incorporados en sus convenciones colectivas, con lo que paulatinamente han generado signos de perpetuidad, su aplicación se torna cada vez más automática y los pagos asociados son cada vez más inflexibles a la baja”, señala el informe.
La auditoría demuestra que los bancos públicos que han aplicado el sistema de incentivos económicos por desempeño se han desvinculado “con los objetivos estratégicos institucionales y el incumplimiento de la directriz presidencial que los avaló”.
“…el costo total por el pago de los incentivos ha superado los montos máximos establecidos, cuando éstos han sido establecidos: 37% frente a un tope de 15% de las utilidades en el BNCR, 16% frente a un tope de 8% de las utilidades en el BCR y 11,2% de las utilidades del BPDC que no cuenta con un monto máximo… “
La Contraloría encontró una sobrevaluación de los incentivos pagados en el BNCR y en el BCR, ya que esas entidades bancarias “toman como base de cálculo las utilidades de los conglomerados, que incluyen tanto los bancos como sus subsidiarias”, explica el informe.
