Aarón Chinchilla EP. | Los diputados de la República aprobaron un expediente que pretende mejorar los tiempos en ejecución de obra pública e infraestructura.
En primer debate, los legisladores dieron trámite al expediente 20.929 “Ley para la Optimización de Activos de Infraestructura Pública, el Fortalecimiento de la Preinversión y el Desarrollo de Capacidades Técnicas para la implementación de Modelos Transparentes y Eficientes de Asocio entre el Sector Público y Privado”, presentado por la liberacionista Silvia Hernández, la cual busca reformar la Ley de Concesiones 7762, en sus artículos 1, 7, 9 y 14 para atender el rezago en infraestructura.
La iniciativa pretende impulsar mecanismos de financiamiento en infraestructura pública y además, mejorar el modelo de gestión para desarrollar obra de manera más eficaz y de largo plazo en el país.
“Actualmente por ejemplo, el Estado contrata a una empresa A para que haga los planos, a una empresa B el desarrollo de la obra, a la empresa C la pintura cuando corresponde, y a la empresa D en el mejor de los casos el mantenimiento, esto no es más que trabajar con empresas privadas, esto NO es un modelo de concesión”, afirmó mencionó Sánchez.
Parte de lo contemplado por el proyecto es dotar de recursos en la etapa de pre inversión. Para ello, se otorgarán fondos en los estudios previos, relocalización de servicios, adquisición de propiedades, consultas con comunidades. Con ello, “se atacarían sobrecostos, atrasos y deterioro en los servicios públicos producto de la improvisación”.
Asimismo, se asignaría al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) la responsabilidad y recursos para promover el desarrollo de capacidades y mejores prácticas en la implementación de modelos de asocio entre el sector público y privado.
Por su parte, se pretende que, tanto inversionistas privados como empresas del sector construcción o fondos de pensión, reconozcan al Estado un pago por una infraestructura previamente existente, encargándose estas del mantenimiento, operación y gestión durante un plazo determinado.
“Costa Rica debe dejar de lado el prejuicio hacia modelos de asocio público privado, pero sobre todo debe dar el salto hacia una forma de gestionar infraestructura con visión de largo plazo, solidez técnica en la preparación de proyectos, transparencia y un beneficio palpable para las comunidades”, aseguró Hernández.
