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Diputados aprueban vía rápida al proyecto que modificaría procedimientos en huelgas

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Allan Madriz | EP. Los diputados y las diputadas aprobaron este lunes una moción para aplicar un  procedimiento especial 208 bis al expediente 21.049, que será utilizado para realizar modificaciones a la Reforma Procesal Laboral en materia de huelgas.

La moción recibió el apoyo de 47 diputados, mientras que cinco legisladores manifestaron su oposición a darle vía rápida al proyecto “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides.

“Queremos brindarle mayor seguridad jurídica a todas las partes y especialmente proteger los derechos de las personas a recibir sus servicios esenciales”, indicó Benavides en Twitter.

Waler Muñoz y Patricia Villegas, de Integración Nacional, José María Villalta, del Frente Amplio, Dragos Dolanescu, del Republicano Social Cristiano y Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana, fueron los legisladores que votaron en contra de la propuesta.

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A partir de este momento, se creará una comisión especial, con siete diputados de diferentes fracciones legislativas, con el objetivo de estudiar y dictaminar el texto base del proyecto.

Dicha comisión sesionará dos veces por semana y contará con un plazo de cuatro meses para rendir un informe final. Los respectivos dictámenes deberán ser presentados en la Secretaría del Directorio, con dos días hábiles después de la firmeza de la votación del proyecto en el foro legislativo especial.

Posteriormente, los dictámenes se darán a conocer en el Plenario Legislativo, para pasar a la presentación de mociones de fondo, así como las de reiteración y las de orden. Finalmente, el proyecto final deberá ser discutido y votado por los legisladores.

Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos

Dentro de los principales puntos, la propuesta de Benavides busca acortar procesos de notificación a sindicatos, decisiones de ilegalidad o legalidad de una huelga y rebajo de salarios para funcionarios que participen en movimientos ilegales.

En el caso de los servicios esenciales, plantea que para cuando se presenten los movimientos de huelga en esos servicios, el patrono no tendrá que recurrir a un proceso largo sino que solicitará directamente al Juez que ordene la reincorporación de los trabajadores a esas labores de las que depende la vidas de las personas.

La reforma también plantea causales para la disolución de sindicatos, por acciones que inciten a limitar la libertad de tránsito, sabotajes en bienes públicos y llevar a cabo cualquier tipo de conducta que sea calificada de ilícito penal.

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