George Rodríguez EP. Luego de aprobación, en el Senado estadounidense, de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018), Estados Unidos continuará apoyando al pueblo nicaragüense, aseguró este miércoles la ex congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen.
La legisladora felicitó a los senadores por la aprobación, por unanimidad, de la ley que, como próximo paso, debe pasar a la Cámara de Representantes.
La legislación es resultado de la fusión de los proyectos S. 3233 -Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018)- y S. 2265 -Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act), más conocida como NICA ACT.
Ros-Lehtinen es la principal promotora de la NICA ACT, a la cual la Cámara de Representantes había dado aprobación –en octubre de 2017- y que, por reciente decisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue fusionada con el otro proyecto de ley.
“Aplaudo a mis colegas en el Senado por aprobar mi #NICAAct. Los #EEUU continuará apoyando al pueblo d Nicaragua en contra la dictadura d #Ortega. Ahora pasará a la Cámara antes ir al Presidente”, indicó Ros-Lehtinen, en un mensaje en la red social Twitter, en el que, además, aludió al presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Los componentes clave de la nueva legislación incluyen respaldo para una solución negociada a la crisis nicaragüense, lo que implica el compromiso para adelantar las próximas elecciones, originalmente programadas para 2021, indicó el comité, en un comunicado que emitió el 26 de setiembre, cuando acordó la fusión de ambas iniciativas.
También comprenden la aplicación de sanciones selectivas a “autoridades gubernamentales nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos, corrupción, o minar procesos democráticos”, agregó.
Además, apuntan a lograr restricciones en materia de créditos para el gobierno de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales, exceptuando financiamiento para proyectos de promoción de la democracia y de índole social, de acuerdo con la información oficial.
La nueva iniciativa de ley también prevé la eventual aplicación anual del levantamiento de sanciones en el caso de que el Departamento de Estado certifique que la administración de Ortega “está dando pasos para la realización de elecciones democráticas, mejorar la situación en materia de derechos humanos, combatir la corrupción, y fortalecer el Estado de Derecho”, precisó el comité.
La aprobación del nuevo proyecto en el Senado, deriva de la crisis que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
