Georgeb Rodríguez EP. En la celebración, este año, de la Purísima Concepción de María, los católicos deben adaptarse a las limitaciones coyunturales impuestas, a esa tradición nacional, por la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, indicó este domingo el cardenal Leopoldo Brenes.
“En las actuales circunstancias”, es necesario cumplir las actividades de fe “asumiendo con serena responsabilidad y discernimiento aquellos cambios en los elementos, aunque tradicionales y culturales que podrían en las actuales limitaciones y circunstancias, no ser realizados”, recomendó Brenes, en un comunicado, y agregó que “espero que tal situación la superemos con paciencia, prudencia y sentido común”.
El sacerdote, quien es arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), aludió así al presente contexto nacional en cuyo marco, entre otros componentes, la Policía Nacional ha prohibido la realización de actividades populares que impliquen el uso de fuegos artificiales –un elemento que suele ser parte de las anuales celebraciones marianas popularmente conocidas como “la gritería” y “la purísima”.
Se trata de actividades durante las cuales, en las diferentes comunidades a nivel nacional, los católicos cantan y alaban a la Virgen María, la patronal de Nicaragua.
“Para las manifestaciones de fe mariana organizadas a nivel de las comunidades parroquiales, sugiero realizarlas con austeridad y la máxima piedad, teniendo muy en cuenta la realidad concreta de su comunidad”, y, en “aquellas celebraciones promovidas desde los hogares, exhorto a los padres de familia a tener la prudencia y discernimiento necesario”, planteó, en el texto de casi dos páginas titulado “Novenario a la Purísima Concepción de María”.
Brenes señaló que, sin perjuicio de la difícil coyuntura nacional, debe mantenerse la devoción tradicional en torno a la celebración de la Virgen María.
“Esta devoción la hemos vivido y seguiremos viviendo con un sentido comunitario y particularmente familiar. La preparación y la celebración implican la participación e involucramiento de toda la familia, en los hogares de los devotos y de las diversas expresiones de organización comunitaria parroquial y diocesana”, indicó.
En ese sentido, y en el contexto de polarización política que registra el país centroamericano –entre simpatizantes y opositores al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega-, el cardenal llamó a los católicos a meditar respecto lo que definió como la consideración.
“Al congregarnos como familia o comunidad, encomendemos los temores, dolores, esperanzas y gratitud a la intercesión maternal. Meditemos con espíritu de llevar a la práctica la enseñanza de ‘la consideración’ cada día de la novena; y recibamos con ese amplio espíritu fraternal y amoroso lo que con amor compartimos”, expresó.
En tal contexto es necesario orar por las víctimas de la violencia, los detenidos en el marco de represión gubernamental antiopositora, y las familias divididas por la crisis, señaló.
“Cantemos y oremos con esperanza, haciendo nuestras las angustias y plegarias de todos los hermanos, las víctimas, los heridos, los alejados, los privados de libertad, las familias divididas. Compartamos sin ver diferencias de ningún tipo, sabiendo que son posible los caminos de la convivencia”, aconsejó.
El arzobispo emitió el comunicado un día después de haber formulado una exhortación a orar por las personas encarceladas en el marco de la violenta crisis.
“Roguemos, al Señor, por todas las personas privadas de su libertad en la actual crisis sociopolítica, para que se respete su dignidad como personas, sin venganzas, sean tratados con verdadera justicia”, expresó Brenes, en un mensaje audiovisual de poco más de medio minuto de duración.
Es necesario que la sociedad nicaragüense supere la polarización en la que se encuentra, indicó el religioso, quien, al cierre del breve mensaje, invocó a la Virgen María, para lograr ese objetivo.
“María, madre de la Iglesia: ruega por nosotros”, expresó.
La campaña eclesiástica y el comunicado se enmarcan en la dramática situación estallada el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro del decreto, días después, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial.
En los algo más de seis meses de violencia gubernamental antiopositora, 528 personas han perdido la vida, 4,102 han sufrido heridas -105 de las cuales presentan lesiones permanentes-, y 1,609 fueron secuestradas y desaparecidas -123 de las cuales fueron ubicadas, mientras se desconoce el paradero de las otras-, según cálculos de la opositora Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
La crítica situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de cuarenta mil personas han solicitado refugio-.
