Allan Madriz | EP. La legisladora del Frente Amplio, Patricia Mora, informó que presentará un recurso de amparo para que se de a conocer el informe de la Procuraduría de la Ética Pública que fue entregado el pasado 5 de febrero a la Asamblea Legislativa.
El informe, que fue elaborado debido a la investigación del famoso caso del “cementazo” y que señala a tres diputados del Congreso, no ha sido revelado por el Directorio Legislativo, ya que según el presidente de la Asamblea, Gonzalo Ramírez, es de “carácter confidencial”.
El documento, que fue solicitado por la comisión especial de la Asamblea, vincula al caso del cemento chino a tres legisladores, Otto Guevara (Movimiento Libertario), Víctor Morales Zapata (independiente) y Johnny Leiva (Unidad Social Cristiana).
Esto generó la indignación de Mora, quien en intervención en el Plenario Legislativo, aseguró el pasado martes 10 de abril que iría a la Corte Suprema de Justicia para presentar el amparo contra decisión que tomó el Directorio Legislativo de no informar a los legisladores sobre el contenido de dicho documento.
“Don Gonzalo y las personas que tomaron con él la decisión se equivocan, consideraron que a ellos les llegaba algo… Ese carácter de confidencialidad es para el órgano que puede resolver, es decir, es para un Plenario integrado por 57 diputadas y diputados que vamos a resolver en sesión privada”, indicó Mora.
La frenteamplista señaló que parece que al presidente del Congreso olvidó que es un simple director de debate y no puede tomar resoluciones a espaldas de la ciudadanía costarricense.
“Ellos deciden que les llegan a sus manos informes solicitados por la comisión y los engavetamos porque no tenemos manera de hacer que los diputados que puedan haber faltado al deber de probidad, como parece ser que lo señala la Procuraduría de la Ética, por lo que le leo a don Gonzalo, no porque a mí me conste…”, indicó la diputada.
Mora le recordó al presidente legislativo, que él tiene los mismo derechos que el resto de parlamentarios y que por ello no puede tomar la potestad de decidir que puede dar a conocer y que no.
“Sus actuaciones son contrarias a derecho y por ende le insto a que renuncie a su inmunidad para que enfrente las investigaciones por el posible delito de prevaricato”, sentenció la frenteamplista en sus redes sociales.
Desde su cuenta de Facebook, el presidente del Congreso, contestó a las manifestaciones realizadas por la diputada del Frente Amplio y señaló que no es la primera vez que llegan este tipo de documentos al Congreso.
“Tales informes vienen en sobre cerrado con una carátula que señala su carácter confidencial, e incluso su carta de presentación firmada por el Procurador o Procuradora de la Ética transcriben el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública, relativos a esa confidencialidad”, explicó el legislador.
Según Ramírez, él y el resto del del Directorio tomó la decisión basados en la confidencialidad y que las investigaciones no fueran posteriormente impugnadas por darse a conocer.
“Asimismo, los miembros del Directorio también son conscientes de cualquiera que rompa tal confidencialidad se expone a las consecuencias que señala el Código Penal, como es el delito de divulgación de secretos”, señaló Ramírez.
