Allan Madriz | EP. Las cooperativas de electricidad COOPELESCA R.L., COOPEGUANACASTE R.L., COOPESANTOS R.L. y COOPEALFARORUIZ R.L están interesadas en la instalación de electrolineras o estaciones de recarga para vehículos impulsados con electricidad.
Las cooperativas buscarían que el proyecto de ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, que se encuentra en el Congreso, establezca que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emita una autorización sobre la base de las concesiones que ya tienen, para que cada una pueda suministrar la energía a carros eléctricos en sus zonas de influencia.
“Nuestra iniciativa es colocar un sistema de electrolineras que le de confianza a los conductores para recargar sus vehículos en diferentes puntos del país”, indicó Erick Rojas, gerente del Consorcio de Cooperativas Eléctricas, CONELECTRICAS R.L.
Además, plantean la posibilidad de que las electrolineras pudieran desarrollarse, para su etapa de comercialización, no solo individualmente sino también en alianzas con otras empresas públicas o privadas.
COOPELESCA R.L. empresa que ofrece electricidad en la Zona Norte inauguró a inicios de agosto la primera electrolinera en una zona rural, específicamente en Ciudad Quesada.
“Costa Rica es un país que basa su matriz energética en casi en el 100% con recursos naturales, en el caso de COOPELESCA producimos más del 82% con energía renovable, por lo que tiene mucho sentido pensar en electrolineras como una solución que tiene gran impacto económico, social y ambiental, ya que estamos aportando a que el país no importe más petróleo”, indicó Omar Miranda, gerente general de COOPELESCA R.L.
El expediente número 19.744, proyecto de Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, impulsado por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero y Franklin Corella; tiene como objetivo estimular y fortalecer el uso de transporte eléctrico en Costa Rica para lograr reducir el consumo de combustible fósil, la contaminación ambiental, los daños en la salud pública y el gasto de los usuarios en su movilidad.
