Allan Madriz | EP. El Gobierno presentó la “Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle 2016 – 2026”, con la cual pretende destinar por los próximos dos años ¢3700 millones para las personas en situación de calle o abandono.
El objetivo es disponer de servicios públicos y privados , que permitan una respuesta para la prevención, atención y protección de los derechos de cada uno de estos grupos de personas vulnerables.
“Nuestra obligación con las y los ciudadanos que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza nos ha llevado a desarrollar esfuerzos de articulación institucional que prevengan la exposición a riesgos, brinden protección integral y reduzcan su estado de incertidumbre”, indicó el Presidente Luis Guillermo Solís.
Las personas en situación de calle, son hombres, mujeres o grupos familiares, sin distinción de género, condición de discapacidad, condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual o religión, sin hogar o residencia habitual.
Las personas en situación de abandono, son aquellas de cero años en adelante, con factores de riesgo que inciden en la falta o insuficiencia de respuesta del grupo familiar, de convivencia o de redes de apoyo comunitario.
Los ejes de los planes de acción orientados a estas poblaciones van orientados a la prevención y atención, fortalecimiento institucional y la protección y el reconocimiento de sus derechos.
Para lograr la atención oportuna, se fortalecerán las modalidades de protección y cuido como familias solidarias, hogares independientes, hogares multifamiliares, institución residencial, residencias privadas y albergues transitorios.
Además se habilitarán espacios para la protección, formación e inclusión socio-laboral, con el objetivo de que cada vez sean menos quienes habiten en las calles y más quienes tengan oportunidades de superación.
