La Constitución Política establece, en sus artículos 26, 28 y 29, que todos tienen derecho a reunirse para discutir los asuntos políticos y que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, esto se hace en el tanto no se transgreda la ley, la cual fija las excepciones pertinentes. Así mismo, el artículo 37 establece que nadie podrá ser detenido sin justificación previa. Lo acontecido el 8 de noviembre viola claramente estos cuatro artículos constitucionales de una manera flagrante y descarada.
Más lamentable y bochornoso es que la misma Convención Americana de Derechos Humanos sea pisoteada en el mismo lugar que fue pactada, específicamente el artículo 5, incisos 1 y 2 sobre el respeto a la integridad física; artículo 7, incisos 2 y 3 sobre la privación arbitraria de la libertad; artículo 8 sobre las garantías judiciales y el artículo 13, inciso 1 sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, todo lo anterior que aparece estipulado en la Carta Magna y en el Pacto de San José fue una contravención a los Derechos Humanos, pero esto no es más que la consecuencia directa de las políticas de corte fascista del gobierno de Chinchilla.
¿El alegato de las autoridades? La libertad de tránsito. Sin embargo, como por todos es sabido, la Sala Constitucional, en un fallo del 14 de abril del año 2000, señaló que “el Estado tiene la potestad de hacer uso de la fuerza legítima para garantizar la libertad de tránsito de las personas, pero la defensa de ésta libertad no puede ser ilimitada, a tal punto que restrinja la libertad personal y la libertad de expresión que el Derecho de la Constitución garantiza a favor de todos los habitantes de la República.”, y continúa la misma resolución que “durante las manifestaciones populares es factible que el ejercicio de la libertad de expresión de unos limite el ejercicio de la libertad de tránsito de otros, el Estado –a través de los órganos y autoridades competentes para hacer uso de la fuerza pública- debe analizar el contenido mínimo esencial de ambos derechos, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar de su contenido esencial a ninguna”. (Voto 3020-2000)
Siguiendo las líneas anteriores, lo que queda demostrado es que las autoridades represivas, comandadas por la mandataria, quebrantaron el orden constitucional y una tajante directriz de la Sala competente. Esto es una manifestación autoritaria de los gobiernos neoliberales enclenques que temen al empoderamiento y a la toma de conciencia popular. Pero este recurso de la “violación a la libertad de tránsito” es una artimaña muy utilizada por los medios de comunicación, fieles acólitos del sistema de opresión. Mas, ¿por qué no aparece dicha resolución en las desinformaciones ofrecidas por estos medios? Fácil, para seguir manteniendo manso el rebaño.
Pero esta resolución finaliza con un punto fundamental que alivia las presiones de los derechos tutelados, y es que la autoridad “deberá garantizar la libertad de tránsito de las personas, organizando salidas alternas, levantando obstáculos en las vías, pero jamás dispersando mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de personas que se encuentren manifestando su opinión en forma pacífica”. (Voto 3020-2000)
¿Qué pasó entonces este 8 de noviembre? La más completa improvisación, el irrespeto, la irresponsabilidad y una barbarie que solo puede ser comparable con añejos y retorcidos gobiernos autoritarios que han asolado a Nuestra América en décadas pasadas. Pero nada sorprende, esa es la tónica de los gobiernos débiles que agreden a los más vulnerables del pueblo y que no tienen las agallas de acometer en contra de los verdaderos delincuentes de la nación. Y estos medios complacientes e hipócritas que se suman al juego con su verborrea sediciosa y fascista, colaborando con la estupidización, la deslegitimación y la satanización de la manifestación y del mismo Derecho Constitucional. El país pues, vive una silenciosa dictadura que ha sabido utilizar muy bien sus aparatos ideológicos y represivos.
La violencia ocurrida fue producto de unas autoridades despóticas y carniceras que ni siquiera tienen el básico conocimiento de la ley, donde lo que pareciera demostrar es que su nombramiento salió de una caja de cereal con forma de argollitas y su preparación de cierta y tristemente célebre escuela, famosa por su formación de asesinos militares. Lo acontecido pudo ser evitado, pero ese no era el plan. Los medios ya empiezan a decantar su anhelo de un sistema político abiertamente autoritario (según la última encuesta de La Nación, principal medio del “despotismo deslustrado”).
No hubo la más mínima preparación para un grupo de familias con niños, jóvenes y ancianos que marcharon por la defensa de la Caja, el último baluarte de la paz social. Paz que ya empezó a desmoronarse con los actos delictivos cometidos por el gobierno y su Fuerza Pública en contra del pueblo comprometido, pues lo que jamás hubo fueron salidas alternas para los bloqueos que hicieron los mismos antimotines, donde más bien sobró el maltrato físico y las detenciones ilegítimas.
Esto que culminó el 8 de noviembre, un día después de la tan cacareada celebración de la “Democracia Costarricense”, es el clímax de una patología que se inició el mismo 8 de mayo de 2010, momento de la toma de posesión de Laura Chinchilla y que estuvo bañado por la violencia desenfrenada de la Fuerza Pública, amparada y solapada por la recién ingresada mandataria. Esto solo demuestra que el comienzo de esta administración señaló proféticamente su propio desgaste político. Pero esta costumbre represiva es un síntoma más del sistema político y democrático liberal que está en crisis y de un sistema mundo en decadencia.
Parece que poco a poco el fantasma empieza a deambular estas tierras. Es la hora de los desesperados, es la hora de actuar, porque en esta zona tropical, una primavera quiere florear.
*Publicado inicialmente en http://www.equipocritica.org
