La Comisión Permamente de Control de Ingreso y Gasto Público investiga todos los pormenores de la construcción de la carretera fronteriza, incluidos los actos de corrupción en los que se han visto involucrados varios funcionarios públicos. Los diputados que integran esa Comisión viajarán hasta la frontera para inspeccionar las obras de la trocha.
La Ruta 1856 recorre unos 160 kilómetros sobre la línea fronteriza con Nicaragua. Su construcción ha dejado en evidencia el mal manejo de recursos públicos. Luego de una investigación se detectó que ingenieros y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) encargados del diseño y realización de la carretera, habían incurrido en actos de corrupción en la contratación de las empresas ejecutantes.
El Canciller Castillo indicó que la construcción del camino fronterizo y la declaratoria de emergencia nacional están plenamente justificados dentro del contexto
“…no se debe permitir que posibles errores que se han podido cometer en la ejecución de la ruta se conviertan en una “satanización” de toda la obra o en cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones costarricenses…”,expresó Castillo.
La construcción de la vía también ha causado diferendos entre Costa Rica y Nicaragua. Grupos ecologistas del vecino país han realizado dos demandas contra Costa Rica, una ante la Corte Centroamericana de Justicia y otra ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, aduciendo que Costa Rica ha provocado una contaminación irreversible al río San Juan.
Trocha es una “obra de defensa civil”,dice canciller
Castillo reiteró que el gasto en el que se ha incurrido en la realización de la carretera fronteriza vale la pena, ya que Nicaragua mantiene una campaña de agresión permanente y que con ello se busca no sólo que Costa Rica cumpla con sus obligaciones, según lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), si no “sobretodo para realizar las acciones necesarias para la protección de su integridad territorial y seguridad nacional”.
“Desde de el punto de vista de la Cancillería, el decreto de declaratoria de emergencia y la construcción de la ruta 1856 están plenamente justificados y el decreto ha sido declarado legal, aunque no dudo que se estén preparando otras acciones y recursos para impedir que el país pueda finalizar la mayor obra de defensa civil que se ha construido en muchos años”, expresó.
A las preguntas de los diputados, en múltiples ocasiones el Canciller se refirió a la amenaza que significa Nicaragua para Costa Rica. Indicó que sí se debe temer por parte de Nicaragua acciones similares como las ocurridas en Isla Calero.
“Nicaragua ha dicho que toda la frontera está cuestionada, que ellos no están reconociendo toda la frontera, entonces el peligro es a lo largo de toda la frontera y por eso se ameritan los 160 kilómetros y el costo vale la pena, ¿Cuánto cuesta nuestra soberanía?, ¿Cuánto cuesta nuestra dignidad como país?, cuestionó.
Niega que haya contaminación en el San Juan
El Canciller desmintió que haya contaminación en el afluente del río San Juan y denunció que la Corte Centroamericana busca “justificar un fallo espurio” con el argmento de que la construcción de la trocha está impactando el río San Juan.
“Una cosa es que la ruta tenga impactos focales y muy específicos,transitorios, reversibles, mitigables, en el territorio costarricense donde se está construyendo, pero otra muy diferente es afirmar que se está destruyendo el río San Juan o el territorio nicaragüense. Esto es falso. No le hagamos el juego a Gobierno nicaragüense ni a la Corte Centroamericana”, dijo el Canciller Castillo.
Agregó que hasta el momento no existe evidencia de daño al río “sencillamente porque no la hay”. Informó que en tres ocasiones ha enviado notas al Gobierno de Nicaragua pidiendo se puntualicen los daños,pero que no han respondido.
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