Más de 31.000 adultos mayores en pobreza extrema saldrán de la lista de espera de pensiones si la Asamblea Legislativa ratifica el proyecto de ley 25.721, cuyo dictamen avanzó en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor para trasladar el 50 % del aporte patronal del Banco Popular al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).
El Poder Ejecutivo diseñó esta reforma a la Ley Orgánica del Banco Popular y Desarrollo Comunal para sumar aproximadamente ₡37.506 millones de colones anuales a la seguridad social. La propuesta busca resolver el rezago del Régimen No Contributivo, el cual reportaba cerca de 30.000 solicitudes pendientes de resolución al cierre del año 2025 debido a la carencia de presupuesto.
La redistribución de los recursos financia exactamente 31.221 nuevas pensiones de forma anual. La bancada de Pueblo Soberano avaló el avance del dictamen legislativo, mientras que los representantes del Partido Liberación Nacional votaron en contra tras advertir vulnerabilidades para la consolidación financiera del ente emisor.
“Este golpe que no es gradual, sino que entra en ejecución inmediatamente, sí daña las perspectivas de crecimiento y de consolidación financiera de la institución. Pone en peligro el origen del banco, pone en peligro la misión para la cual fue creada”, aseguró Ronald Campos Villegas, diputado PLN.
Los opositores cuestionaron que la extracción de casi 37.000 millones de colones impactará de manera directa el acceso a los créditos de vivienda, el financiamiento de pequeños negocios y el índice patrimonial actual del banco, situado en un 21 %.
“Está equivocado en sus apreciaciones y también no está tomando en cuenta el beneficio que este proyecto le trae a los adultos mayores, más de 31.000 personas que van a ser beneficiadas porque no están hoy dentro del régimen no contributivo porque están en lista de espera”, Esmeralda Britton González, diputada PPSO.
El expediente legislativo establece que la mitad restante del aporte patronal mantendrá el financiamiento del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). El aporte obligatorio del 1 % que efectúan las personas trabajadoras permanece intacto en la legislación propuesta.
El texto condiciona que los recursos transferidos operarán de forma estrictamente adicional al financiamiento ordinario, por lo que el Estado tiene prohibido sustituir o reducir las asignaciones financieras que reciben actualmente otras poblaciones prioritarias.
El traslado de la mitad del aporte patronal garantiza la cobertura inmediata de 31.221 adultos mayores en condición de pobreza.
