La reelección de Carlo Díaz como Fiscal General de la República mantiene vivas las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, las cuales, como pocas veces en la historia reciente, se manifiestan en recortes presupuestarios, denuncias cruzadas y una abierta disputa por el control institucional.
En el fondo, el choque refleja el pulso por un cambio de roles en el poder: el chavismo busca desplazar las estructuras políticas que le precedieron, mientras que los magistrados y las cúpulas del sistema judicial hunden sus raíces precisamente en ese orden tradicional. Sacarlas de la Corte es, para el oficialismo, un ejercicio de expansión, control y reemplazo.
Esta ratificación refleja, como lo sugirió el propio Rodrigo Chaves al calificar al Poder Judicial de “masa opositora”, un triunfo político para la cúpula de la Corte Plena y un blindaje a la figura central de la persecución penal. Y si bien en la trastienda institucional emerge el nombre de Patricia Solano como la magistrada que encarna el verdadero contrapeso del Gobierno dentro del Poder Judicial, el reflector principal queda ahora posado, sin matices, sobre la imagen del Fiscal General.
Por un lado, Chaves deberá demostrar probidad y corrección en su gestión, y garantizar la transparencia necesaria para demostrar que las acusaciones en su contra son infundadas, “politiquería barata”, como diría él.
Por el otro, un fiscal general empoderado desde lo interno de la Corte, deberá rendir en consecuencia con la confianza depositada.
Una votación política
El respaldo unánime de los 21 magistrados presentes, superando con creces la mayoría absoluta de 12 votos requerida por la Ley Orgánica del Poder Judicial, no fue solo un acto de ratificación técnica basado en la nota de evaluación de desempeño del 98,95 %. Fue un mensaje explícito de cohesión interna, un discurso político, de cara a las críticas del gobierno y a las amenazas y recortes presupuestarios.
Todo adornado con retóricas violentas acusaciones mutuas.
En las actas del plenario judicial, llamados como el del magistrado Jorge Araya de “continuar siendo un estorbo para los malos” o la advertencia de la magistrada Julia Varela sobre la “peor época que ha vivido un fiscal general”, evidencian cómo la judicatura cerró filas.
Desde la trinchera del Ejecutivo, la respuesta no tardó en escalar. Rodrigo Chaves insinuó alianzas internas al señalar que “Patricia Solano ganó el pulso para tener a quien controlar”.
A este embate se sumó la presidenta, Laura Fernández, haciendo eco inmediato de las acusaciones del mandatario y articulando nuevos rencores y exigencias hacia la cúpula judicial.
La presidenta Fernández ha resentido públicamente el uso de medidas cautelares y alertas migratorias que la Fiscalía ha aplicado sobre jerarcas del Gobierno, calificándolas de desproporcionadas y reavivando el impulso de las propuestas legislativas para arrebatarle a la Corte Plena la potestad de nombrar al Fiscal General y trasladarla a la Asamblea Legislativa.
Y aunque nos toque aceptar su tono desgarbado y burlesco, algo vulgar a veces y curiosamente profundo en algunos tramos, lo cierto es que si Díaz no logra llevar a buen puerto las investigaciones relacionadas con Chaves, su credibilidad y gestión quedarán en la calle.
Sometidos a un escenario de máxima exposición, el acusador y el acusado quedan atrapados en una dinámica donde el margen de error es cero. La hipervisibilidad de ambos cargos ya no permite resoluciones a puerta cerrada ni discursos sin pruebas: cada movimiento exige ahora celeridad y transparencia absoluta.
Chaves, Díaz y la ruleta rusa
Las acusaciones de Díaz contra el populismo, y las de Chaves por supuesta corrupción del fiscal, se perfilan como un grosero juego de ruleta rusa política.
Cada vez que uno dispara, se juega el nombre. y para Costa Rica, mucho más que sus nombres.
Por un lado, tenemos a un desbocado ministro Chaves, que se enjuaga la boca un día sí y otro también con el nombre de magistrados, jueces, fiscales y periodistas, jugando a una ruleta rusa política en la que aprieta una y otra vez el gatillo, señalando y cuestionando a quienes le cuestionan, en una pose populista, propia de la construcción política de los líderes de derecha acólitos de Donald Trump, y que están tan de moda por las naciones latinoamericanas.
Por otro, un fiscal con bajas calificaciones en las encuestas abiertas, y con altas notas cuando lo miden los magistrados. Es el alfil de la Corte, un fiscal con licencia para investigar, detener, allanar y señalar en público. Pero que tiene como nunca, el ojo público comoningún fiscal en el pasado reciente, y eso, que los últimos fiscales no salieron muy bien de la silla más alta de la Fiscalía.
No olvidemos que sobre Carlo Díaz pesan señalamientos que evocan cierta torpeza administrativa, por la cual ya fue sancionado con una amonestación escrita por la Corte Plena tras su omitida comunicación de un conflicto de intereses.
Pero también, Díaz tiene una tendencia a permitir que su vida social se embarre en su gestión en el Ministerio Público, como lo ilustró la controversia por el video divulgado en marzo donde se le observa en un local nocturno con la pareja posterior del empresario tico-chino Guobin Tam Zhang, investigado por presunta legitimación de capitales.
En esta ruleta rusa de noticias políticas diarias, en cualquier momento el tambor se alineará con la recámara y el costo institucional será irreversible.
Una medición diferente
El rendimiento de Díaz no podrá medirse únicamente por la cantidad de expedientes abiertos contra Chaves de los cuales, según datos del propio Ministerio Público ante la Sala III, más del 60 % de los 120 expedientes han sido desestimados.
Y si las acusaciones e investigaciones de Díaz prosperan, el chavismo, sería el sacrificado. Y aunque no es tan sencillo, el análisis se desliza a otros temas más delicados para la institucionalidad nacional dedicada a la lucha contra el crimen organizado y que en teoría, debería garantizar la aplicación de la justicia.
Pero si la Fiscalía no logra sostener acusaciones sólidas con sustento probatorio irrefutable en las causas de alto perfil que siguen activas, como las relativas al financiamiento de campaña en el expediente del fideicomiso Costa Rica Próspera, las supuestas irregularidades en el caso Gandoca-Manzanillo o la investigación por el contrato del BCIE, el relato del Ejecutivo sobre una supuesta persecución se consolidará en la narrativa nacional, ya no solo dentro de las casas jaguares.
Y es que hay casos que simplemente arrastran a la Fiscalía, le jalan de los pies, le dañan el caminado, como el caso Diamante, pésimamente llevado por el Ministerio Público, o Barrenador, donde luego de dos años desde los allanamientos, ha sido imposible que la Fiscalía solicite al OIJ una pericia contable para determinar si hubo sobreprecios en una oferta a la Caja o no.
De momento, estudios privados y análisis forenses, señalan que Barrenador fue una gran metida de pata de la Fiscalía, y lo mejor para el Poder Judicial, sería archivarlo de una buena vez.
Al final, este escenario de máxima presión obliga a ambas partes a operar en la frontera de sus capacidades y deberes legales. Si el costo de fallar es la pérdida definitiva de credibilidad, la exigencia pública debe canalizarse hacia un único estándar no negociable: la celeridad, la prueba rigurosa y la estricta observancia de la ley, al margen del espectáculo político.
