La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano rechazó la decisión del Partido Liberación Nacional (PLN) de romper el diálogo nacional sobre la reforma al sector eléctrico, luego de que los verdiblancos condicionaran su permanencia en la mesa negociadora a la asignación de recursos para las universidades públicas, a pocos días del vencimiento del plazo legislativo.
La bancada oficialista reprochó que la agrupación opositora vincule el análisis del futuro energético nacional con las disputas presupuestarias de la educación superior.
“El futuro energético de Costa Rica no puede convertirse en moneda de cambio político. Estamos hablando de la estabilidad del sistema eléctrico, la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de nuestro país. Son temas que deben abordarse con responsabilidad y sin condicionamientos políticos”, señaló Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción.
Asimismo, los legisladores de gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario exige criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal, sin confundir el respaldo a la educación pública con la defensa del statu quo universitario. Paralelamente, afirmaron que el sistema eléctrico requiere acuerdos para atender las demandas energéticas del país.
“Costa Rica necesita acuerdos para avanzar, no condicionamientos políticos que puedan frenar decisiones fundamentales para su desarrollo. Las diferencias presupuestarias no deben utilizarse para bloquear el diálogo sobre el futuro energético de los costarricenses”, concluyó Nogui Acosta, jefe de fracción.
Ahora, las fracciones legislativas tienen tiempo hasta el próximo lunes 19 de octubre, a las 3:00 p. m., para pactar una ruta sobre el sector eléctrico. Sin un consenso antes de esa hora, el plenario someterá el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional a discusión en segundo debate.
La iniciativa necesita 38 votos para su aprobación definitiva. Si el expediente no alcanza ese respaldo y agota su plazo reglamentario sin una alternativa viable, el Congreso archivará el texto tras cuatro años de trámite legislativo.
