Dieciséis diputados de oposición presentaron ante la Sala Constitucional una consulta facultativa contra el proyecto de jornadas laborales excepcionales de 12 horas, conocido como jornadas “4-3”, lo que frenó la votación en segundo debate prevista para este martes 13 de octubre.
La gestión fue presentada por legisladores del Frente Amplio (FA), el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Con ella, los diputados solicitan a los magistrados revisar tanto el procedimiento utilizado para tramitar la iniciativa como su compatibilidad con normas constitucionales y convenios internacionales en materia laboral.
¿Quiénes firmaron la consulta?
Por el Frente Amplio firmaron José María Villalta, María Eugenia Rojas, Antonio Trejos, Vianey Mora, Edgardo Araya, Sigrid Segura y Joselyn Sáenz.
Por el PLN suscribieron el documento Janice Sandí, Ronald Campos, Karol Matamoros, Diana Murillo, Marco Badilla, Norjelens Lobo, Álvaro Ramírez y Salvador Padilla.
La única firma de las diputaciones unipersonales fue la de Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana. Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), respaldó el proyecto en primer debate. citeturn278176search0turn278176search4
Diputados cuestionan el procedimiento legislativo
El documento presentado ante la Sala IV tiene 181 páginas y expone cuatro posibles vicios de procedimiento, además de 11 cuestionamientos sobre el contenido de la iniciativa.
Uno de los principales señalamientos se relaciona con una moción aprobada el 24 de febrero de 2026, mediante la cual se suspendió el trámite del proyecto durante el resto de ese periodo legislativo.
Los diputados consideran que esa decisión permitió extender los plazos del procedimiento abreviado o de vía rápida utilizado para discutir el expediente, en contravención de las reglas que regulan ese mecanismo en la Asamblea Legislativa.
La consulta también plantea posibles infracciones al artículo 197 del Reglamento legislativo y cuestiona que la suspensión se utilizara de una manera que, a criterio de los firmantes, desvirtuó la finalidad de la vía rápida.
Otro de los argumentos se refiere al principio democrático y al derecho de deliberación de los legisladores. Los opositores sostienen que la forma en que se reanudó el procedimiento afectó las posibilidades de la nueva integración parlamentaria de debatir y enmendar el proyecto.
Alegan posibles violaciones a derechos laborales
Los cuestionamientos también abarcan el fondo de la propuesta. Los legisladores sostienen que permitir jornadas laborales de 12 horas podría entrar en conflicto con obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica.
Entre las normas citadas está el Convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la duración del trabajo en la industria. Su artículo 2 establece límites a la jornada laboral diaria y semanal para las actividades comprendidas en ese instrumento.
La consulta también invoca otros instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Protocolo de San Salvador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, los diputados cuestionan el alcance del artículo 143 bis que se pretende incorporar al Código de Trabajo. A su criterio, la iniciativa permitiría aplicar jornadas ampliadas a una cantidad demasiado extensa de actividades productivas, pese a que el artículo 58 de la Constitución establece límites a la duración del trabajo diario y semanal.
La oposición considera que una modalidad excepcional no debería convertirse en una opción generalizada para distintos sectores económicos.
¿Qué propone el proyecto 4-3?
La iniciativa pretende establecer jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas diarias, distribuidas en cuatro días de trabajo y tres días de descanso para la modalidad diurna. Para la jornada nocturna, propone tres días de trabajo y cuatro libres.
El texto busca regular esta modalidad para determinadas actividades productivas y excluye expresamente al sector público.
Uno de los puntos que generó desacuerdos durante el trámite legislativo fue la eliminación de una disposición que habría permitido a los trabajadores votar para decidir si en sus empresas se adoptaba esta modalidad. El oficialismo impulsó el cambio y la oposición lo cuestionó.
Con la consulta presentada, el futuro de la iniciativa queda sujeto al pronunciamiento constitucional antes de que pueda continuar hacia la votación final.
La Sala IV deberá revisar los argumentos de forma y de fondo planteados por los 16 legisladores. Hasta que exista una resolución, ninguno de los cuestionamientos presentados puede considerarse una decisión definitiva sobre la constitucionalidad del proyecto.
